
El país andino apuesta por impulsar la inversión privada en la expansión de las redes energéticas y de transporte; sin embargo, el BID recomienda que esta ola alcance otros sectores como la educación.
Con más de 100 proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APP) en cartera, valorizados en US$ 70.000 millones para los próximos años, Perú busca reducir su brecha de infraestructura que al 2025 asciende a US$ 110.000 millones, según el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad.
En ese sentido, Luis Del Carpio, director ejecutivo de ProInversión remarcó que las obras planificadas abordan el sector eléctrico, transportes, saneamiento y en menor medida, educación y turismo. Algunos de los proyectos más importantes son las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima, 10 teleféricos y el terminal portuario de Matarani (Arequipa).
“Las APP conducen al desarrollo: sirven para cerrar la brecha de infraestructura y constituyen un importante mecanismo para hacer negocios entre el sector público y el privado”, señaló Del Carpio durante la doceava edición del foro PPP Américas en Lima, organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Por otro lado, Tomás Lopes-Teixeira, representante del BID en Perú, reveló la aplicación a nivel regional del “Infrascopio”, una herramienta desarrollada por el Banco que mide la capacidad de los países para desarrollar APPs.
En el caso puntual de Perú, el país andino forma parte del Top 5 en Latinoamérica con cifras notables. Por ejemplo, los proyectos APP en Perú alcanzan más de US$ 10.000 millones en transportes; US$ 1.400 millones en energías renovables y US$ 800 millones en saneamiento. Aunque Lopes-Teixeira no peca de poco realista.
“Sabemos que las necesidades siguen siendo importantes, tanto en términos cuantitativos, ya que se estiman alrededor de más de US$ 110.000 millones anuales de inversión que serían requeridos para cerrar las brechas de infraestructura, pero también en términos cualitativos, porque las APPs son aún más exigentes hoy”, añadió.
Finalmente, José Salardi, ministro de Economía y Finanzas de Perú, destacó que el pasado lunes 7, el MEF y el Ministerio de Vivienda presentaron un portafotoso conjunto por US$ 5.500 millones que involucra más de 30 proyectos de saneamiento, destinados al tratamiento y desalinización de aguas residuales.
“Estamos estructurando un portafolio muy interesante de múltiples hospitales que entrarán en adjudicaciones en los próximos años. Nosotros proyectamos en estos tres años y medio de gobierno impulsar proyectos APP por cerca de US$ 35.000 millones, lo que equivaldría a lo que se hizo en 20 años previos”, añadió Salardi.
EL AVANCE DE PROYECTOS APP A NIVEL REGIONAL
Cabe destacar que Latinoamérica se ha posicionado en años recientes como la principal región del mundo en desarrollo en atraer participación privada en infraestructura.
Según cifras del BID, en las últimas tres décadas, la región recibió cerca de US$ 770.000 millones por parte de actores privados. Esto supone casi un 25% más de lo recibido por naciones asiáticas, lo que se ha traducido en mayores niveles de vida y crecimiento económico.
“Ha sido un camino de aprendizaje con resultados palpables en numerosos programas de infraestructura que han mejorado la vida de las personas. Por ejemplo, los contratos de rehabilitación y mantenimiento de carreteras que iniciaron en el Cono Sur de la región llegaron a producir ganancias de eficiencia de entre el 25 y 35% de ahorros en costos operativos y de mantenimiento”, declaró Ancor Suárez-Alemán, especialista líder en Asociaciones Público-Privadas del BID, a AméricaEconomía.
Pese a este crecimiento, el Banco estima que aún hay un déficit de inversión superior a US$ 250.000 millones anuales, debido a la escasez de infraestructura económica y social. Asimismo, una geografía accidentada como la peruana también puede ralentizar la evaluación y ejecución de los proyectos APP. Por ejemplo, la cartera del MEF incluye obras demandantes como el Ferrocarril Huancayo-Huancavelica, destinado a conectar dos ciudades andinas.
“Antes de ejecutar estos proyectos, es necesario trabajar en los aspectos técnicos, legales, económicos, financieros y sociales. El BID solo apoya la estructuración de proyectos que desde la planificación inicial sean eficientes, rentables y atractivos para el sector privado”.
Llama la atención que solo cinco proyectos de la cartera del MEF apuntan al sector educativo, aunque el especialista le brinda una explicación. “A nivel regional, tradicionalmente, el 80% del financiamiento privado al desarrollo de infraestructura pública ha sido destinado a los sectores de transporte y energía. Tenemos un reto como Banco en diversificar esta tendencia, porque hay evidencia probada de mejoras en innovación cuando incorporamos la inversión privada en sectores poco convencionales como ocurre en el saneamiento”, agregó Suárez-Alemán.