La semana pasada ocurrió la primera adopción internacional desde que se implementó la nueva ley de adopciones en 2007. Un niño tuvo que esperar cinco años para que la burocracia lo liberara de un crimen que jamás cometió.

Debemos celebrar y, a la vez, reflexionar respecto de un sistema creado para preservar la desgracia de inocentes con el propósito de alimentar el ego de burócratas nacionales e internacionales. Mucho se ha dicho respecto del “negocio” de las adopciones que, supuestamente, había hasta la implementación de la nueva ley.

Como en tantas otras áreas de nuestra vida nacional, seguramente había hechos delictivos: secuestros, sobornos, extorsiones. Pero también había adopciones legítimas que, literalmente, cambiaban la vida de menores abandonados. La mayoría de ellos terminaban en hogares estadounidenses. Los más envidiosos e hipócritas lo calificaban como una “exportación” de niños. La realidad era que su vida de abandono terminaba y comenzaba su integración a hogares con amor y estabilidad económica.

Prevalecieron la envidia, la hipocresía y la burocracia. Enarbolando la bandera de la “legalidad”, organizaciones nacionales e internacionales presionaron para la aprobación de la nueva ley que, en la práctica, no solo prohibió las adopciones internacionales sino también las locales. Miles de niños que pudieran ser adoptados, ahora quedan abandonados a su suerte y al crimen en medio de la maraña burocrática y legal creada. Noticias de recién nacidos muertos por abandono son cada vez más frecuentes.

El interés de salvar la vida del infante queda en un centésimo plano. Hoy en día es más importante cumplir con todas y cada una de las estupideces burocráticas incluidas en la nueva ley que encontrarle, lo antes posible, un hogar al menor.

En medio del cambio de ley, un grupo de aproximadamente 200 expedientes de adopciones internacionales quedaron en el limbo. Iniciados bajo la regulación anterior pero trabados por la nueva, no se sabía exactamente su estatus jurídico. Lejos de que las autoridades iniciaran un proceso acelerado para solucionar esos casos, los expedientes también quedaron abandonados. A ningún burócrata nacional e internacional le importó que ya habían un igual número de hogares listos a recibirlos. No. La pesadilla se prolongó innecesariamente otros cinco años para niños y padres adoptivos.

Hasta que la semana pasada uno de esos pequeños finalmente llegó a su nuevo hogar. Cinco años después de grandes esfuerzos y presiones por parte de generosas personas nacionales y extranjeras. De no ser por ellos, allí seguiría. ¿Y los demás? Siguen pagando por un crimen que no han cometido; víctimas de un sistema que prefiere que se pudran antes de que, ¡Dios guarde! y le falte un papel al expediente.

Dios sabrá reconocer la labor de los que luchan por liberar a los otros pequeños rehenes de ese sistema que nuestra indiferencia permitió que se creara en Guatemala. Y ojalá que también le cobre la factura a los inconscientes que crearon y preservan esta tragedia humana para el resto de los niños.

*Esta columna fue publicada originalmente en PrensaLibre.com