¿Quién promete más en Alemania? ¿A quién se le ocurre una nueva manera de endurecer las leyes? ¿Quién tiene la lengua más afilada a la hora de criticar la actuación de las fuerzas policiales? Tres preguntas, una respuesta: empate técnico entre todos los partidos políticos del país. El ministro del Interior, Thomas de Maizière, de la Unión Demócrata Cristiana (CDU), exige que se centralice la asignación de labores de la Policía y se abola a las agencias regionales encargadas de vigilar a los grupos extremistas. El ministro de Economía y vicecanciller de la República, Sigmar Gabriel, del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), propone una política de "cero tolerancia" frente a los salafistas violentos.
La máxima autoridad del Estado federado de Baden-Wurtemberg, Winfried Kretschmann, del partido Los Verdes, alega que los países norafricanos –Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y Egipto– son Estados seguros en lo que respecta a las repatriaciones de migrantes. La presidenta de la fracción parlamentaria de La Izquierda, Sahra Wagenknecht, le atribuye a la canciller de Alemania, la democristiana Angela Merkel, responsabilidad compartida por los muertos y heridos que dejó el atentado de Berlín del 19 de diciembre, cayendo al nivel de los ultraderechistas de Alternativa para Alemania (AfD), en términos retóricos. Y hasta el liberal Christian Lindner, jefe del Partido de los Demócratas Libres (FDP), que por falta de un respaldo popular mínimo lleva años fuera del Bundestag, usa el término "fiasco estatal" para referirse a los errores cometidos tras el ataque de fin de año.
Lenguaje duro, demandas exageradas
Cabe decirlo explícitamente, por si acaso alguien no se ha percatado de ello todavía: Alemania ya está metida de lleno en la campaña electoral, pese a que los comicios para designar a los nuevos miembros del Parlamento federal tendrán lugar dentro de ocho meses. De ahí que todos los políticos de carrera –con su lenguaje duro y sus demandas exageradas– parezcan tener miedo a llegar tarde. Y es por eso que no hay esperanza de tratar el tema de la seguridad nacional con la seriedad que amerita el asunto.
Qué lástima que, en esta ocasión, hasta el ministro De Maizière, usualmente prudente y reflexivo, aparezca haciendo propuestas nada realistas. Sólo así puede ser descrita su idea de permitir que la Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA) y la Policía Federal expandan su ámbito de pesquisas para que abarque al país entero. Su idea muere al nacer porque la mayoría de dos tercios imprescindible para enmendar la Constitución brilla por su ausencia. Y eso sin mencionar que ninguno de los estados federados está dispuesto a ceder sus competencias.
"Seguridad", la voz del momento
Además, basta echarle un vistazo al mapa de Alemania para saber de antemano que una autoridad policial centralizada no podría garantizar la seguridad de los estados federados; le faltaría el conocimiento necesario de todos sus rincones para cumplir su misión. Sería suficiente darle mayor responsabilidad a la BKA en lo que concierne a la lucha antiterrorismo. Eso fue lo que se hizo cuando se descubrió fortuitamente la existencia del grupo terrorista Clandestinidad Nacionalsocialista (NSU): a la Oficina Federal para la Protección de la Constitución (BfV), cuya misión es tener en la mira a los grupos extremistas, se le dio la tarea adicional de controlar de manera centralizada a los informantes del Estado que se infiltran en la escena neonazi. De esa manera queda claro quién tiene la responsabilidad. No obstante, hasta ahora, la BfV ha dado la impresión de delegar sus funciones con gusto cada vez que la situación se torna espinosa. En todo caso, con una estructura como esa se pondría fin a la era de las excusas. Las fallas en el marco del "caso Amri" no se cometieron por desconocimiento de su peligrosidad, sino por negligencia de las autoridades competentes.
La insustancialidad del debate en torno a la seguridad nacional queda en evidencia cuando, como el vicecanciller Gabriel, los políticos recurren a la muletilla de la "cero tolerancia", en alusión a los salafistas: Gabriel, que podría desafiar a Merkel en las elecciones federales de septiembre, asume pose de fortachón cuando en realidad, lo que está diciendo, es una perogrullada. Tener contemplaciones con gente violenta –sean salafistas, extremistas de izquierda o derecha– no es una movida inteligente porque eso debilita la sensación de seguridad de la ciudadanía y su confianza en el Estado de derecho.
La AfD agradece el impulso que se le da…
Lo que Gabriel articula como si fuera una declaración de guerra no pasa de ser una frase hueca de campaña electoral. Y cuando aludo a Gabriel, puedo sustituir su nombre por el de cualquier otro político de cualquier otro partido que se pronuncie sobre la seguridad nacional con la intención de ser oído. Los habitantes de Alemania esperan que su clase política les presente conceptos antiterroristas viables y efectivos. Sería bueno que ella lo hiciera pronto, considerando el agitado principio de año que ha tenido el país. Pero el miedo al auge de la Alternativa para Alemania (AfD) es demasiado grande: la popularidad de esa formación ha crecido entre los electores pese al esfuerzo de los partidos tradicionales en superarse los unos a los otros.
