Mientras el Fiscal General de la Nación, en Colombia, Alejandro Montealegre, y altas personalidades como el expresidente César Gaviria Trujillo, le abren paso a la impunidad total para los miembros de las FARC mediante figuras exóticas como las ‘amnistías condicionadas’, crece la tesis de que esta salida al conflicto colombiano solo será posible si se hace extensiva a los demás ‘actores’; es decir, que si hay impunidad para las FARC también deben ser beneficiados los paramilitares y los miembros de las Fuerzas Armadas que tengan problemas con la justicia por crímenes cometidos en el marco de la confrontación.
Es más, la idea de que el perdón se aplique recíprocamente tendría que incluir a todos los sectores sociales que han estado detrás de las fuerzas en conflicto, como en el caso de los empresarios que supuestamente habrían financiado al paramilitarismo y los llamados ‘parapolíticos’, muchos de los cuales están o han estado presos con pruebas muy débiles aportadas por criminales en busca de beneficios jurídicos. En contraste, como lo hemos denunciado en múltiples ocasiones, las investigaciones de la ‘farcpolítica’ no solo no se mueven, sino que los acusados son rápidamente exculpados por los operadores de justicia, y pruebas incontrovertibles como los computadores de ‘Raúl Reyes’ han sido desechadas por tecnicismos jurídicos por la misma Corte Suprema de Justicia sin siquiera tener en cuenta los derechos de las víctimas.
En cuanto a los miembros de las Fuerzas Armadas, personalidades como el ex presidente Álvaro Uribe han propuesto un tratamiento que permita su excarcelación para evitar que se presenten casos tan absurdos como el del coronel Alfonso Plazas Vega, quien está condenado -en un proceso lleno de irregularidades- por la supuesta desaparición de personas en el caso de la toma del Palacio de Justicia, ejecutado por el M-19 en 1985, mientras los líderes de esa guerrilla detentan altísimas dignidades del Estado, como la alcaldía de Bogotá.
En el caso de los militares y policías se ha generado, sin embargo, la dificultad de que ellos no estarían dispuestos a optar por una figura jurídica que les ofrezca algún tipo de alternatividad penal por cuanto se consideran inocentes y al aplicar a dichos beneficios tendrían que aceptar la comisión de delitos que no han cometido o que no son tales sino tareas en el cumplimiento del deber constitucional. Más aún, al someterse a este tipo de perdones judiciales terminarían poniendo en tela de juicio la dignidad misma del estamento militar, la institución más querida por los colombianos según todas las encuestas, con lo que perderían el honor que le es tan afecto al soldado.
Por tal motivo, se ha empezado a ambientar la propuesta de que esta amnistía generalizada se aplique de manera automática, sin que medie solicitud alguna por parte de los beneficiarios, pues de otra manera sería casi imposible que sus efectos guarden la simetría que desde hace tiempos se ha reclamado y que, para muchos analistas, constituiría la única forma posible de otorgarles impunidad a los miembros de la guerrilla de las FARC en un acto de perdón y reconciliación nacional que eliminaría el riesgo de que las víctimas se vean obligadas a acudir a tribunales internacionales en busca de justicia.
El hecho de que esta propuesta haya surgido de sectores de izquierda “y en particular de ex guerrilleros desmovilizados como Antonio Navarro Wolff y León Valencia”, según afirma la revista Semana (07/10/2012), es la prueba fehaciente de que con esta fórmula se quiere blindar el proceso de impunidad para las FARC que, de otra manera, correría el peligro de venirse abajo por la intervención de la Corte Penal Internacional, pues las hipótesis formuladas en defensa del perdón para los terroristas hechas por personas como el Fiscal General o el expresidente Gaviria, son suficientes para nuestra justicia circense pero muy endebles para defenderlas ante la comunidad internacional.
Otra cosa es hablar de borrón y cuenta nueva para todos; de un “o todos en la cama o todos en el suelo” que parece representar una gran reconciliación tras una guerra civil; aunque aquí no hay guerra civil ni las FARC ostentan una representación importante del pueblo colombiano. Y aunque lo preferible sería una apoteosis de la justicia, con esta propuesta van a convencer a mucha gente para darle a las FARC no solo la impunidad que reclaman sino la elegibilidad que pretenden, dejándolos entrar por la puerta grande -como un caballo de Troya- para instalarlos en los puestos de mando de nuestra democracia. Con esa propuesta, nos van a ganar la partida.
