¿Es la economía, estúpido? Un análisis preliminar habría concluido que dicha máxima iba a determinar los comicios del 2018 en Costa Rica: el desempleo es elevado –particularmente entre los jóvenes–, el costo de vida es de los más altos en América Latina y las finanzas estatales se encuentran a punto de quiebre. Sin embargo, la primera ronda electoral del 4 de febrero se definió mayormente alrededor de temas culturales, en particular el matrimonio igualitario. ¿Cómo explicarlo?
Esta elección ya se perfilaba atípica ante el surgimiento de un candidato populista de derecha que durante muchos meses lideró la intención de voto. Con una retórica mesiánica y autoritaria de “reconstruir el país” y aspirar a una “democracia directa, sin partidos políticos y sin corruptos”, Juan Diego Castro, un mediático abogado litigante y ex ministro de Seguridad, se postuló a través del hasta ese momento irrelevante Partido Integración Nacional.
El fenómeno de Castro expuso nuevamente algo que ya fue evidente en la elección anterior: Costa Rica, la democracia más antigua de América Latina, no es inmune al fenómeno populista. El país reúne varias condiciones que alimentan este fenómeno. Hay un tremendo hartazgo hacia la clase política, que se percibe como corrupta e inútil. El rencor afecta también a los medios de comunicación, empresarios y el Poder Judicial. El aumento de la violencia –el 2017 cerró con la mayor tasa de homicidios en la historia– y la percepción de que las autoridades son timoratas con los criminales, atizan el desencanto.
Un enorme escándalo de corrupción, conocido como “el cementazo”, que no solo involucró directamente al gobierno de Luis Guillermo Solís, sino que también a varios partidos de oposición y al Poder Judicial, dominó la atención pública por meses y fortaleció la candidatura de Castro. A un mes de la elección, la perspectiva era que él y Antonio Álvarez Desanti, del histórico Partido Liberación Nacional, irían a una segunda ronda el 1 de abril.
Pero vino la sorpresa de enero. El 6 de ese mes, la Corte Interamericana de Derechos Humanosrespondió una consulta del gobierno costarricense sobre el tipo de figura legal que debería proteger a las relaciones de las parejas del mismo sexo. La Corte IDH ordenó al país a modificar sus leyes para darles las mismas garantías legales que disfrutan las parejas heterosexuales. Dado el principio de “control de convencionalidad” que reciben las opiniones y fallos de la Corte IDH en el ordenamiento jurídico costarricense, la opinión en efecto legalizó el matrimonio igualitario.
El tema no era ajeno a la campaña. En diciembre, una marcha a favor de la “familia tradicional” convocada por la Iglesia Católica reunió a cientos de miles de personas en San José –incluyendo a siete candidatos presidenciales–. Por algún motivo, la lucha contra la llamada “ideología de género” ya estaba acaparando más atención que la economía. Pero la opinión de la Corte IDH vino a convertir al matrimonio igualitario en el tema neurálgico de la elección. Una encuesta reveló que dos tercios de los costarricenses se oponen a la decisión de la Corte IDH.
El efecto sobre la contienda electoral no se hizo esperar. Fabricio Alvarado, un predicador evangélico y único diputado del Partido Restauración Nacional, pasó de tener apenas 3% en las encuestas a encabezarlas tras prometer retirar a Costa Rica del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Carlos Alvarado, del oficialista Partido Acción Ciudadana, también se vio beneficiado con el voto progresista al posicionarse como el único candidato a favor de la opinión de la Corte IDH. Irónicamente, el nuevo escenario lastimó a Juan Diego Castro, quien, a pesar de su populismo de derecha, mantuvo una posición relativamente moderada en cuanto al tema del matrimonio igualitario.
La decisión de la Corte IDH es inquietante incluso para quienes defendemos la igualdad ante la ley de las minorías sexuales, ya que su legitimidad ante la opinión pública –que es cardinal para que estos avances sean sostenibles y no aticen movimientos reaccionarios– es sumamente endeble. Esto no quiere decir que el matrimonio igualitario debía esperar a que una mayoría lo consintiera. Pero sí que la decisión habría sido más categórica de haberse dirimido en instancias nacionales. No debe sorprendernos entonces que un gran sector de la población reaccionara tan negativamente ante lo que percibieron como una imposición de una corte extranjera.
La primera ronda electoral confirmó la preponderancia de este tema sobre cualquier otro –incluyendo el otrora más importante, la corrupción–. Fabricio Alvarado finalizó primero con casi 25% y Carlos Alvarado segundo con 21,7%. Antonio Álvarez Desanti –quien infructuosamente también trató de enarbolar la bandera contra la “ideología de género”– acabó de tercero con 18,6%.
Lamentablemente la economía fue la gran ausente de esta elección. Es posible que la baja inflación de los últimos cuatro años (1,9% promedio anual) haya brindado una falsa sensación de estabilidad macroeconómica. Pero una seria crisis es inminente dada la inestabilidad de las finanzas estatales: el déficit fiscal cerró en 6,2% del PIB en el 2017 y se proyecta que llegue a 7,1% este año. La deuda del gobierno central ya casi alcanza el 50% del PIB.
De no tratarse de inmediato la causa del problema, que es el crecimiento desmedido del gasto público, el endeudamiento estatal interno forzará al alza las tasas de interés –algo que ya está ocurriendo– encareciendo el crédito y afectando el consumo y la inversión. La producción caerá y el desempleo –que ya está en 9,4%– subirá aún más. El Estado asfixiará a la economía.
El próximo presidente Alvarado llegará al poder con esta difícil disyuntiva y lejos de tener una mayoría parlamentaria. Las reformas estructurales que se requieren para evitar una crisis requerirán de mucho capital político. Para ello, el próximo presidente Alvarado tenía que haberles hablado de frente a los costarricenses sobre la magnitud del problema y las medidas necesarias para enfrentarlo. Sin embargo, Costa Rica prefirió volcar su atención a la llamada “guerra de culturas”.
