Filtración a filtración se va completando el cuadro de un monstruoso sistema de vigilancia y reeducación en la provincia de Xinjiang, en el noroeste de China. La cadena de pruebas de la reeducación forzada de todo un pueblo, el de la minoría uigur, ha adquirido un importante eslabón más con la Lista de Karakax. Ahora, el mundo sabe que, pese a las aseveraciones de Pekín, allí no solo se combate el extremismo o el terrorismo.

Para caer en uno de los innumerables campos de internamiento, sin haber sido procesado, basta con cualquier falta banal: tener contacto con parientes en el exterior, ayunar durante el Ramadán, tener demasiados hijos, usar velo, o tener una barba que le parezca demasiado larga a algún funcionario. Cuando al menos uno de cada diez uigures es sometido a un lavado de cerebro es esos campamentos, se puede decir que basta con ser uigur para ser recluido allí.

Clima de terror

La Lista de Karakax revela también cuánta información acopia el aparato de vigilancia sobre cada uigur y cuán estrecha es la red que el gobierno ha tendido sobre los uigures, con la más moderna tecnología de monitoreo y clásicos métodos policiales y de espionaje .

Todo esto crea un ambiente de terror, generado por el Estado. Como en los tiempos de la Revolución Cultural, que se creían ya superados, el Partido Comunista chino se propone permear con ese terror todas las esferas sociales de los uigures. Esta es precisamente la definición de un régimen totalitario.

Las autoridades eliminan sistemáticamente todos los puntos donde pueda cristalizar una identidad uigur independiente. Antiquísimos cementerios son transformados en estacionamientos. Construcciones centenarias son demolidas en aras de una discutible "modernización”. Se pretende despojar a los uigures incluso de su idioma. Los gobernantes totalitarios quieren transformarlos en hombres nuevos: en chinos de la etnia han, amantes del partido y su presidente.

Como los colonizadores

Amarga ironía: China conserva vivo el recuerdo de las dolorosas y humillantes experiencias de opresión sufridas en tiempos coloniales, pero se comporta con los uigures en Xinjiang como el más brutal gobernante colonial. Dado que la represión solo apunta contra la minoría uigur y los creyentes musulmanes, habría que hablar incluso de un apartheid.

La Constitución china prohíbe en su artículo 4 cualquier forma de discriminación, y el artículo 36 garantiza la libertad de culto. Pero eso solo serviría de algo si China fuera un Estado de derecho, donde los ciudadanos pudieran hacer valer sus derechos ante los tribunales. El Estado de Derecho ha sido restringido drásticamente, en toda China, desde el comienzo de la era de Xi Jinping.

La nueva Ruta de la Seda

Xinjiang es importante para China. De allí proviene una quinta parte de la producción de petróleo y gas. Además, la provincia noroccidental es el trampolín para el proyecto de infraestructura de Xi Jinping conocido como la Nueva Ruta de la Seda, ya que allí confluyen las nuevas vías comerciales y las corrientes de inversión.

Pekín necesita socios internacionales para esta iniciativa y también corteja a los europeos. Italia ya ha suscrito un preacuerdo de participación. Pero la cooperación en la Nueva Ruta de la Seda debe estar supeditada a normas verificables de trato a la gente que vive a lo largo de ella. Un genocidio cultural en el nodo de Xinjiang prohíbe cualquier colaboración.

Sobre todo: ¿queremos tener para el proyecto de infraestructura más importante del momento -la red 5G- un socio que utiliza instrumentos totalitarios? La empresa Huawei asegura -quizás incluso con razón- que está libre de influencia gubernamental. Pero procede mantener el escepticismo. Eso quedó en evidencia la semana pasada por una vía inesperada, cuando se dio a conocer que el servicio de inteligencia alemán y la CIA controlaron por décadas una empresa Suiza que vendió a todo el mundo tecnología de encriptación para un comunicación segura, y luego accedieron a toda la información. Si se es espiado, mejor que sea por servicios de inteligencia amigos. Además, Pekín debe pagar un precio por sus atropellos a los derechos humanos.