Difícilmente hay en el país un grupo económico más poderoso que el oligopolio de Laica. Así lo demuestra la decisión arbitraria de la ministra interina de Economía, Geannina Dinarte, de imponer un arancel adicional a la importación de azúcar brasileño.

Hasta noviembre del 2014, Laica disfrutó de un monopolio en la comercialización del azúcar en Costa Rica. Sin embargo, a partir de ese mes empezó a llegar al país este producto importado desde Brasil, el cual ha alcanzado una participación aproximada del 5% del mercado. Esto resultó ser demasiado para Laica. Ya para el 16 de enero del 2015 representantes del oligopolio azucarero se habían reunido con el presidente Solís en Casa Presidencial para pedirle acciones para frenar las importaciones brasileñas. Según consta en varios documentos sobre dicho encuentro, el mandatario accedió a las demandas.

Dentro de los recursos a los que apeló Laica se encuentra una denuncia ante el MEIC por “comercio desleal”. A pesar de que para importar azúcar se debe pagar un arancel del 46%, el producto brasileño sigue siendo competitivo en el mercado local. Laica advirtió que, de no tomarse medidas arancelarias adicionales, la producción nacional de caña de azúcar “desaparecería de manera casi inmediata” poniendo en riesgo 25.000 trabajos directos y 100.000 indirectos. Un escenario un tanto apocalíptico para un oligopolio que aún domina el 95% del mercado.

La investigación del MEIC no encontró evidencia de comercio desleal y recomendó desestimar la denuncia. No obstante, Dinarte —recién estrenada en el cargo tras la renuncia de Ramos— se apartó de lo recomendado por los técnicos y aprobó un arancel adicional del 6,82%. Laica de inmediato aplaudió el fallo.

Curiosamente, al justificar su decisión, Dinarte admite que las importaciones brasileñas “contuvieron de manera significativa el incremento de los precios internos de Costa Rica”. Esto debería ser celebrado —y no penalizado— por las autoridades. El azúcar no solo es un producto de consumo final, sino que también sirve de insumo en un sinnúmero de procesos productivos, de tal forma que los consumidores somos los grandes beneficiados de una mayor competencia.

Pero así no es como funciona la “economía social solidaria” que pregona la administración Solís. En esta, las utilidades de un oligopolio como Laica estarán siempre por encima de los intereses de casi cinco millones de consumidores nacionales.

*Esta columna fue publicada con anterioridad en el centro de estudios públicos ElCato.org.