Los fabricantes de velas presentan un proyecto de ley acogido por el Congreso para obligar a los ciudadanos a tapiar las ventanas y tragaluces de las casas y así combatir la nefasta y desleal competencia que a su negocio hace la luz del sol. 

Basada en una sátira de Frédéric Bastiat escrita en el siglo XIX, la historia no es tan sátira como parece. Los grupos de interés consiguen que se den leyes que nos roban nuestro derecho a elegir. 

Esa es la historia de mis coleguitas (los abogados) y las nefastas organizaciones que nos fuerzan a integrar: los colegios de abogados. 

Por donde se mire, esos colegios son carteles organizados con licencia para sacar plata del bolsillo a los clientes. Históricamente intentan imponer precios mínimos amenazando con sancionar a los abogados que no cobren tarifas “acordes a la dignidad de la profesión”. 

Crean costosos cursos de “práctica forense” que son unos mamarrachos académicos con precio de maestría en el extranjero. 

Hacen que el Poder Judicial exija “certificados de habilitación” para poder firmar una demanda en un juicio, cobrando por el dichoso papelito para mantener un club campestre donde se reúnen a hacer parrilladas los fines de semana. 

En España consiguieron que se prohibiera que los abogados atendieran en oficinas con puerta a la calle porque era de mercachifles (y no de “honorables abogados”) atender como tenderos. Así eliminaban la competencia a los estudios de abogados que atendían en oficinas dentro de edificios. 

Indecopi ha sancionado y prohibido estas ilegalidades. Como los fabricantes de velas de Bastiat, los abogados recurren al Congreso para que legalice lo que es prohibido para las empresas. 

En su última “travesura” han conseguido que el Ejecutivo presente un proyecto de ley al Congreso (el 3164) que exija la colegiación obligatoria para toda actividad de asesoría legal (hoy solo se necesita para litigar) y legitime sus cursos paupérrimos en calidad a precio de lujo para poder ejercer la profesión. 

De aprobarse esa ley, se podrá impedir que abogados extranjeros (y, por tanto, no colegiados en el Perú) puedan ejercer como árbitros en el Perú, como lo permite actualmente la Ley de Arbitraje y que ha mejorado sustancialmente la práctica local y la competencia a los árbitros peruanos. 

Abogados extranjeros tendrían que colegiarse para brindar asesoría a empresas, y abogados jóvenes no podrían trabajar en nada hasta asumir los requerimientos económicos de los colegios. 

Se fuerza a pertenecer a un club para poder cobrar por un servicio. Con el discurso de mejorar la profesión, se reduce la competencia y con ello se empeora la calidad y se elevan los precios. 

Como dice Brougham, “el abogado es un hábil caballero que se ocupa de cuidar nuestros bienes de nuestros enemigos para luego poder quedárselos él”. Así que si sale esa ley y tiene un problema legal, sujete fuerte su billetera.

*Esta columna fue publicada con anterioridad en el centro de estudios públicos ElCato.org.