La arrogancia precede a la caída. Eso aplica cuando se desacatan las reglas constitucionales que, en Gran Bretaña, cumplen las funciones de una Carta Magna. Eso aplica cuando se violan las leyes y se menosprecia la independencia de los tribunales. Y eso aplica también cuando se irrespeta al Parlamento, se ignoran sus facultades y se menosprecian sus tareas. Boris Johnson se creía por encima de todas estas cosas y capaz de imponer su estrategia para el "brexit” a punta de latigazos, como un autócrata cualquiera. El fallo del Tribunal Supremo del Reino Unido cayó como un hacha sobre las ambiciones antidemocráticas del primer ministro.

Más que un duro golpe para Boris Johnson

Nadie había esperado que los magistrados de mayor rango en Gran Bretaña votaran unánimemente. Ellos sentenciaron que la pausa impuesta a la cámara baja del Parlamento era completamente ilegal. Apenas una hora después del veredicto, varios diputados hicieron un gesto simbólico al sentarse nuevamente en sus bancadas. Lo único que la corte le ahorró a Johnson fue la humillación de decir que éste le había mentido a la reina al recomendarle que interrumpiera las sesiones del Parlamento. No obstante, la argumentación del fallo deja entrever la argucia de Johnson.

Durante el proceso judicial, un jurista alegó elocuentemente que este era el combate de la madre de los Parlamento contra el padre de las mentiras. Y la democracia parlamentaria salió vencedora de esa refriega. Es el deber de los diputados obligar al Gobierno a rendir cuentas y un primer ministro no puede despojarlos de esa prerrogativa arbitrariamente o con falsos argumentos. Así lo dijo el tribunal sin dejar lugar a malentendidos.

Esa sentencia es mucho más que un duro golpe político para Boris Johnson. El veredicto establece, de una vez por todas, que al Ejecutivo no se le permitirá poner a su favor la balanza de poder entre el Parlamento y el Gobierno cuando le de la gana. La actuación del Ejecutivo siempre deberá someterse al escrutinio de los diputados elegidos. Los juristas han descrito el fallo como un terremoto judicial porque, ahora, este principio ha sido establecido por una instancia de rango insuperable.

Johnson debería dimitir

En circunstancias normales, este veredicto bastaría para persuadir a un primer ministro de dimitir inmediatamente. Por primera vez en la historia del país, la Corte Suprema ha establecido que un primer ministro ha actuado ilegalmente en un asunto elemental. Pero cabe presumir que Boris Johnson se aferrará a su convicción de que la insolencia siempre gana. La oposición deberá unirse para ponerle fin al espanto que hoy habita Downing Street. Un Gobierno de transición sería la mejor manera de salir de este atolladero político, también en todo lo que respecta al "brexit”.

Durante su corto mandato, Boris Johnson les ha causado más daño a las instituciones democráticas que otros mandatarios en una década entera. Él ha desacatado las leyes y reglas de Gran Bretaña; él las ha pisoteado. Fue eso lo que condujo al singular espectáculo reciente: varios políticos –entre ellos el tory John Mayor, quien fue jefe de Gobierno hasta 1997– entablaron una demanda contra Johnson ante el Tribunal Supremo del Reino Unido. El Partido Conservador debería rescatar lo que queda de su credibilidad y separarse, por iniciativa propia, del gran demoledor de sus valores y principios.

La fuerza de uno

Aparte de fijar y fortalecer los derechos del Parlamento, la sentencia del Tribunal Supremo tiene otro aspecto alentador: ella muestra que ningún ciudadano está indefenso frente a la destrucción de los principios democráticos. Haciendo sacrificios personales y económicos, la empresaria Gina Miller llevó su lucha por la preservación de la democracia parlamentaria ante la Corte Suprema del Reino Unido por segunda vez. Y por segunda vez triunfó. Fue ella quien se esmeró en impulsar el proceso y fue sobre todo su abogado quien, con la claridad de su argumentación, convenció a los magistrados. Su ejemplo revela que vale la pena pelear, que los ciudadanos no deben aceptar callados el desmontaje de la democracia por parte de un Gobierno.

Boris Johnson, quien creyó estar por encima del Derecho, debería esconderse avergonzado en un hoyo. Y la oposición debería tapar ese foso para asegurarse de que Johnson desaparezca de la política británica. Después, solo quedaría hacer lo que se hacía en la Roma antigua: dejar que su nombre caiga en el olvido. Para Johnson, siempre ávido de figuración, no podría haber peor condena.