Que una hija no pueda retirar el cuerpo de su padre de la morgue debido a la huelga de los empleados judiciales es una absoluta falta de decencia. Me recordó al “invierno del descontento” de 1978-79, cuando una serie de huelgas paralizó al Reino Unido y llevó a que en algunas ciudades los muertos no fueran enterrados a raíz de un paro de sepultureros. Para los británicos, fue un punto de inflexión: su país estaba en bancarrota y capturado por los sindicatos; algo tenía que cambiar.

Ese algo lo produjo la elección de Margaret Thatcher, cuya agenda reformista la puso en rumbo de colisión con las poderosas organizaciones obreras. El encontronazo definitivo fue la huelga de los mineros de 1984-85, que acabó en una derrota desastrosa para la Unión Nacional de Minerosy marcó el fin del control que ejercían los sindicatos sobre el aparato estatal británico. El mundo había atestiguado lo que se llegó a conocer como un “Maggie Moment”.

Costa Rica en el 2017 está igualmente al borde de la bancarrota. Evitarlo requiere la implementación de reformas estructurales importantes al empleo público y a los regímenes de pensiones. Sin duda alguna sería deseable que estos cambios fueran producto de un consenso nacional —como ocurriera en Irlanda a mediados de los ochenta—. Sin embargo, la huelga de los empleados judiciales augura que los sindicatos no renunciarán a sus privilegios por las buenas.

El pulso por la reforma al sistema de pensiones del Poder Judicial va más allá de lo económico y alcanza aspectos éticos. En juego están no solo los esfuerzos por estabilizar un fondo de jubilaciones cuyo déficit actuarial equivale a un 20% del PIB —y que constituye una bomba de tiempo para las ya de por sí exiguas finanzas estatales— sino también el principio de que nadie debe disfrutar de pensiones de lujo a expensas de los contribuyentes.

Si los sindicatos del Poder Judicial no están dispuestos a aceptar reformas razonables a un régimen de pensiones que es insostenible financieramente e indefendible desde el punto de vista ético, difícilmente sus pares en el resto del sector público estén anuentes a aceptar cambios en materia de remuneraciones y empleo público. Las señales que han enviado en ese sentido son inequívocas.

*Esta columna fue publicada con anterioridad en el centro de estudios públicos ElCato.org.