En una democracia la soberanía recae en el pueblo y el Parlamento, libremente elegido, es la expresión de su voluntad. La sede parlamentaria es, para los demócratas, el templo de la libertad.
En Venezuela, durante el 206º aniversario de la Declaración de Independencia, brigadas chavistas han invadido el Parlamento, han golpeado a diputados elegidos democráticamente, dejándolos ensangrentados, y han retenido durante horas a cientos de personas como rehenes. Todo ello bajo la mirada de la Guardia Nacional del presidente y poco después de que su vicepresidente hablara en una intervención ante la Cámara de que era la hora de los revolucionarios y de que pidiera que "el pueblo llano" entrara en el pleno.
Claramente algo no funciona. El gobierno venezolano desprecia la democracia y a sus representantes, dejándolos indefensos. Nadie puede pensar ya que el presidente Maduro y sus chavistas vaya a negociar realmente con la oposición, que tiene una mayoría de casi dos tercios en el Parlamento.
Que Maduro se distanciara de la violencia tras los incidentes no es más que una obligada declaración. El propio presidente lo dijo claramente la semana pasada: "lo que no se pudo con los votos, lo haríamos con las armas". El mismo presidente que mandó distribuir hace unas semanas medio millón de armas a las fuerzas de choque del chavismo, los 'colectivos', pretende no ser ahora "cómplice de la violencia".
La violencia está instaurada desde hace tiempo. Impera en las calles. Tras 97 días de movilizaciones masivas casi a diario contra el gobierno hay casi el mismo número de muertos, la mayoría manifestantes. Las fuerzas de seguridad proceden con decidida brutalidad. Y los 'colectivos' armados hacen el resto. Cuanto más tiempo se prolongue esta desigual lucha, más difícil será tratar de que las manifestaciones sean realmente pacíficas. Los saqueadores aprovechan cada vez más las protestas para robar. Y los propios manifestantes devienen violentos.
Y sigue la inflación galopante creciendo más rápido de lo que el presidente puede aumentar el salario mínimo, siguen faltando medicinas y alimentos, sigue la tasa de criminalidad en uno de los niveles más altos del mundo… y, sobre todo, sigue sin haber solución a la vista para todos estos problemas.
En tres semanas debería tener lugar las "elecciones", orquestadas claramente a favor de los chavistas, para establecer una Asamblea Constituyente, con las que Maduro quiere consolidar su poder. Dos semanas antes, la oposición quiere organizar por su parte un referéndum en su contra.
La resistencia contra la derogación de la separación de poderes sigue inquebrantable, pero la desesperación crece. La comunidad internacional no tiene mucho tiempo para apaciguar esta peligrosa situación. Los venezolanos votaron mayoritariamente hace año y medio un Parlamento para que cambie la situación. Ayer, cada uno de esos votantes recibió un puñetazo en la cara.