La preocupación en torno a temas de derechos humanos suscitada por el mundial de Catar, aunque encomiable, lamentablemente resulta tardía. Desde 2008 la República Popular China organizó dos olimpiadas (es decir, tanto la de invierno como la de verano), y Rusia organizó una olimpiada y el mundial de fútbol de 2018. Y esos eventos no suscitaron la misma preocupación en materia de derechos humanos que el mundial de Catar.
Por lo demás, que eventos deportivos internacionales se celebren bajo regímenes autoritarios está dejando de ser una excepción para convertirse en la nueva norma. Según una investigación de Adam Scharpf, Christian Glaessel y Pearce Edwards, mientras entre 1989 y 2012 solo un 15% de esos eventos se celebraron bajo regímenes autoritarios, entre 2013 y 2022 la proporción fue de un 37%. Una posible explicación de esa tendencia sería que, mientras durante el primer período creció la proporción de regímenes democráticos en el mundo, durante la última década esa tendencia se revirtió. Podría decirse entonces que, si viene declinando la proporción del total de regímenes políticos que representan las democracias, se hace más probable que los eventos deportivos internacionales se realicen bajo regímenes autoritarios.
Aunque ese argumento podría ser parte de la explicación, no basta para comprender esa tendencia. Mencionamos, por ejemplo, a Catar, China y Rusia como organizadores recientes de los más prominentes torneos deportivos internacionales: ninguno de ellos fue una democracia que se convirtió luego en un régimen autoritario. La tendencia a celebrar cada vez más torneos deportivos internacionales bajo autoritarismos no deriva solo del hecho de que esos regímenes sean más comunes que en el pasado: también parecen derivar del hecho de que los regímenes autoritarios son más proclives a postular por la sede de esos torneos. Piense, por ejemplo, en el mundial de fútbol en Catar. Según Al Jazeera (agencia noticiosa propiedad de la monarquía catarí), el gobierno de ese país habría invertido más de US$ 200.000 millones en la organización del mundial (por ejemplo, se construyó un sistema de transporte en metro para este torneo). Pero, según reporte de la agencia privada de inteligencia Stratfor, Catar solo espera obtener unos US$ 20.000 millones por la realización del mundial.
En general, salvo que se cuente de antemano con la infraestructura adecuada, organizar grandes torneos deportivos internacionales no resultaría rentable. Y los Estados democráticos o (en el caso de las olimpiadas) ciudades dentro de ellos, tendrían que rendir cuentas por esas pérdidas (cosa que no requieren hacer en la misma proporción los regímenes autoritarios). Por ejemplo, en el caso de las olimpiadas de Tokio en 2020 (realizadas en un contexto de pandemia), las estimaciones sobre las ingentes pérdidas que habría de ocasionar concitaron protestas en contra de su realización.
Por lo demás, los autores antes mencionados indican que la atención mediática que atrae un evento deportivo internacional cambia el desempeño de los regímenes autoritarios en materia de derechos humanos, pero no necesariamente para mejor. Según sus estimaciones, la represión, en efecto, disminuye dramáticamente en la etapa previa al inicio del torneo y durante la realización del mismo. Pero, de otro lado, esa represión se intensifica un par de años antes del inicio del torneo y recrudece tiempo después de su finalización. Es decir, los autoritarismos son sensibles al daño que puede ocasionar a su reputación internacional la represión, pero solo durante el período (de unos pocos meses) en que la atención mediática internacional se concentra en el país en cuestión.
En otras palabras, es lícito emplear la atención mediática que supone el mundial para poner la conducta del Estado catarí en materia de derechos humanos bajo los reflectores. Pero si lo que se desea es producir cambios perdurables, una focalización episódica en un caso particular no solo será insuficiente, sino que incluso podría resultar contraproducente.
