Muchos analistas políticos coinciden en que la elección del candidato opositor en la Argentina, Mauricio Macri, marca un cambio importante en su país, pero también un cambio que influirá en la región. 

Por lo que se sabe, el gobierno entrante tendrá un nuevo estilo y objetivos diferentes a los de su predecesor. La tarea que se ha fijado Macri es restablecer la institucionalidad y la plena democracia en su país, lo que requerirá seriedad y ánimo de concertación, factor que estuvo ausente en la etapa que termina.

El presidente electo Macri se propone, a partir del 10 de diciembre próximo -día en que asumirá el mando en su país- promover, dentro y fuera de la Argentina, los valores y principios democráticos. Esto tendrá, como primer paso -según lo reiteró el mandatario-, un planteamiento en la reunión del Mercosur del 21 de diciembre de aplicar la cláusula democrática del Protocolo de Ushuaia al gobierno de Venezuela, por haber desnaturalizado las instituciones republicanas de su país, anulando la separación y la independencia de los poderes del Estado, en especial del Poder Judicial, y violado las libertades civiles y los derechos humanos.

Dicho planteamiento se presentará después de que se celebren -el 6 de diciembre- las elecciones parlamentarias en Venezuela, en las que, si se cumplen los resultados de todas las encuestas realizadas hasta ahora, el chavismo será derrotado contundentemente. Esto, como era de esperar, tiene preocupado al presidente Maduro. Es que no es posible ocultar la carestía de alimentos básicos, la ineficiencia en el manejo de la administración pública, la violencia y la corrupción generalizada.

La preocupación -algunos dicen desesperación- del chavismo está creciendo. Es que, además de la perspectiva de su derrota en las elecciones parlamentarias, enfrenta el hecho de que se asesinó -según la mayoría de las versiones por partidarios del oficialismo- a un dirigente opositor en un acto electoral.

Ante el declarado propósito del presidente Macri de denunciar al chavismo en el Mercosur por atentados contra los derechos humanos y por las restricciones a la libertad ciudadana, el primero en hacer pública su solidaridad populista fue el presidente de Ecuador, Rafael Correa, que acusó a Mauricio Macri de “interferir en los asuntos internos de Venezuela”, ya que, “guste o no”, -dijo-  en ese país “rige la democracia y un proyecto político que se ha cansado de ganar elecciones". Por su parte, el canciller uruguayo, Rodolfo Nin Novoa, “no ve razón para aplicar la cláusula democrática a Venezuela, ya que en ese país se está lejos de una alteración del orden democrático…". No hubo declaraciones del presidente de Bolivia que, anteriormente había afirmado que si Mauricio Macri ganaba “habría conflictos”. Tampoco se sabe que el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, haya dicho algo sobre este tema.

En contraposición el ex presidente uruguayo Julio María Sanguinetti afirmó que "Venezuela es una dictadura apenas maquillada" y el gobierno de la presidente brasileña Dilma Rouseff, en un comunicado expresó sobre el asesinato del dirigente opositor venezolano, que “rechaza firmemente el uso de todo tipo de violencia que pueda afectar el buen desarrollo del proceso electoral e insta a las autoridades venezolanas a investigar los hechos y castigar a los responsables” y “recuerda que es responsabilidad de las autoridades venezolanas celar porque el proceso que culminará con las elecciones legislativas del 6 de diciembre transcurra de forma limpia y pacífica, de modo de permitir que el puebla ejerza con tranquilidad su deber cívico y tenga plenamente respetada su voluntad soberana”.

Así se plantea una divergencia mayor sobre el alcance del principio de no intervención. Quienes intentan justificar su apoyo al régimen chavista invocando este principio, pasan por alto que se haya hecho trampas electorales y que se persiga, torture, encarcele y asesine a opositores. Según ellos, se trata de ‘acciones soberanas’. Esto, en verdad, deforma el principio de no intervención y vulnera la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Pero el ambiente ya está caldeado: El asesinato en un acto de campaña electoral del dirigente opositor venezolano, Luis Manuel Díaz, ha provocado encendidas protestas, como la de Luis Almagro, Secretario General de la OEA que, alejado de las presiones del Frente Amplio uruguayo que integró, afirmó que este hecho “es una herida de muerte a la democracia”.

Dejar pasar la violencia en la política está en contraposición con la obligación de preservar los derechos humanos; es decir cuidar la integridad, la vida, los bienes, la dignidad y la libertad de todos los ciudadanos. Esto no gusta a los autoritarios que siempre contaron con el silencio de gobiernos complacientes. Ahora, “el gobierno de Nicolás Maduro se encuentra bajo presión internacional como pocas veces antes, luego del asesinato de un dirigente opositor, el miércoles pasado”. (La Nación, 28.11.2015), Y harían bien los demócratas en apoyar con firmeza la iniciativa del presidente Macri. Así también se rendiría homenaje al que fuera presidente de Venezuela, Rómulo Bentancour, que en 1963 afirmó que el gobierno que incumpla su obligación de respetar los derechos humanos, “debiera ser excluido de la comunidad jurídica regional y sometido a un boicot diplomático y comercial".