Se cumplen 40 años del triunfo de la revolución sandinista. Nicaragua no tiene nada que celebrar. Es una conmemoración trágica, porque una nueva dinastía, de la familia Ortega-Murillo, oprime al pueblo nicaragüense. La policía, junto a bandas paramilitares, han asesinado a 300 civiles, con miles de heridos, presos y torturados. Ha sido la respuesta del régimen orteguista frente a las demandas ciudadanas contra la arbitrariedad, el robo y la corrupción.

El triunfo sandinista fue un proceso político inédito en la historia política mundial, que le consagró un masivo apoyo internacional de gobiernos con variado signo político y de ciudadanos de distintos países. El Frente Sandinista (FSLN) no sólo había tenido éxito en derrocar a Somoza, sino también en defender el gobierno, negociar la paz y garantizar la alternancia democrática en favor de la oposición, representada por Violeta Chamorro.

En abril de 2018, una reforma a la seguridad social, rechazada por los trabajadores, hizo explotar el descontento acumulado. La lucha popular se extendió a demandas por la democratización, la salida de Ortega y el adelantamiento de las elecciones. Era la respuesta de los indignados frente al poder discrecional del gobierno y a su control monopólico del parlamento, el aparato judicial y de las autoridades electorales.

El viraje de Ortega contra el pueblo se hizo evidente algunos años antes. En su primero gobierno concretó un pacto ignominioso con el expresidente, el liberal somocista Arnoldo Alemán, que aseguraba un manto de protección a los robos de Alemán y, al mismo tiempo, garantizaba el apoyo de éste a la gestión de Ortega. A partir de ese momento el Frente Sandinista (FSLN) y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) se reparten las instituciones públicas, desde la Corte Suprema hasta el Consejo Electoral.

Paralelamente, Daniel Ortega construye una sólida alianza con el Consejo Superior de la empresa privada (COSEP), respaldado por el FMI y el Banco Mundial. Recibe además el beneplácito de los Estados Unidos, a cambio del control de migrantes y la garantía del freno estricto del tráfico de droga, con una presencia activa de la DEA, en territorio nicaragüense. El nuevo gobierno sandinista ayudó al enriquecimiento de la oligarquía tradicional, pero también al de una nueva burguesía, la burguesía orteguista.

El entendimiento del gobierno con el capital nacional y extranjero tuvo una expresión muy discutible en la concesión de la construcción de un canal interoceánico por territorio de Nicaragua, en favor de un aventurero de nacionalidad china. El proyecto, aunque ya fracasado, era una descarada entrega de soberanía nacional, que recibió el rechazo rotundo de campesinos y medioambientalistas.

Hay que reconocer que Nicaragua, gracias al crecimiento económico desde 2010 a 2017, y a las políticas sociales de corte asistencialista, tuvo importantes avances en la reducción de la pobreza. Por cierto, también fue útil la ayuda venezolana, mediante un ventajoso acuerdo petrolero con el gobierno Chávez-Maduro. Los dineros nunca pasaron por el presupuesto de la nación y fueron manejados directamente por la pareja presidencial y sus allegados; fondos que sirvieron además para multiplicar los negocios de la familia presidencial, entre ellos la compra de canales de televisión, administrados por los hijos de Ortega.

En las condiciones descritas fue fácil para Ortega reelegirse el 2011 y luego en el 2016, gracias a una reforma constitucional, pudo iniciar su tercer mandato y esta vez acompañado en la vicepresidencia por su esposa, Rosario Murillo. Todos los esfuerzos opositores por construir una alternativa gubernamental han sido aplastados por Ortega, gracias a las instituciones que monopoliza.

El crecimiento económico no le ha servido a Ortega para frenar las demandas ciudadanas. Después de una década de autoritarismo, intolerables arbitrariedades y prácticas antidemocráticas, ha surgido una potente protesta popular contra el gobierno, comparable a las heroicas luchas contra el Somoza. Ortega funda su gobierno en la represión, porque ha perdido toda legitimidad. La mayor parte de los históricos comandantes ya no están con él y tampoco el exvicepresidente Sergio Ramírez. Los empresarios, la Iglesia y los propios norteamericanos, que habían sido su principal fuente de apoyo, ya no están con él.
Incluso su aliado, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, ha comenzado a criticarlo. Y, lo más importante, la ciudadanía masivamente lo rechaza.

Ortega está aislado. El nepotismo, la corrupción y, ahora, los asesinatos masivos contra ciudadanos indefensos que protestan han borrado de una plumada el proyecto democrático y transformador, en favor de las mayorías, que imaginó Sandino y que intentaron impulsar sus seguidores en la gesta del 19 de julio de 1979.