A las complicaciones de la vida diaria, incluyendo la criminalidad, ahora tenemos que lidiar, también, con las “ideotas” de diputados, ONG y gobernantes. Tal es el caso de la iniciativa llamada “ley de celulares” que pretende aportar “aspectos novedosos” en la prevención de delitos cometidos con teléfonos móviles. Tristemente no es más que otra tonta ocurrencia que solamente impone costos injustos al ciudadano honrado. Si las autoridades desean, de verdad, prevenir los delitos que se cometen por y con los celulares, simplemente deberían dedicarse a verificar que se cumplan las leyes ¡que ya existen! Ya está prohibido robar y activar teléfonos robados. Es un secreto a voces que los celulares robados están en los mercados y en las cárceles desde donde se cometen las extorsiones. Se supone que comercializar mercadería robada ya es delito, no digamos extorsionar ¡desde la cárcel! ¿Entonces?
Resulta que, a pesar de lo anterior, por la increíble incapacidad e incompetencia de las autoridades, los ciudadanos siempre tienen que pagar la factura con su tiempo y dinero. Poco faltará para que portar un celular sea más difícil que portar un arma de fuego.
De acuerdo con la iniciativa de ley, para tener el privilegio de portar un móvil usted tendría que registrarlo so pena de ser condenado a seis u ocho años de cárcel si le tipifican el delito de “activación ilegal” de teléfonos móviles. Cumplir con la ley implicaría un “tramite personal” en donde usted sería “fichado” luego de entregar toda su información personal, incluyendo huella digital y los famosos recibos de agua, luz o teléfono. Por cierto, si le toca ser un campesino que no recibe esos servicios públicos, olvídese del aparato; habrá entrado en la categoría de un criminal sin el privilegio del teléfono. Como son potencialmente más de 20 millones de celulares, imagínese las colas, los trámites, los años y la pérdida de valioso tiempo y dinero que tomará que todos los ciudadanos cumplan con la ley. Y, por favor, ni se le ocurra perder o arruinar el aparato porque lo mandan al final de la cola…
No se trata de criticar por criticar cualquier ocurrencia bien intencionada. Pero tampoco se trata de implementar cuanta estupidez se nos ocurra copiar de otros países creyendo que, con ello, los robos y extorsiones disminuirán o que los beneficios serán mayores que los perjuicios. Hoy las autoridades pueden y deben controlar las extorsiones desde las cárceles, como también tienen la capacidad de investigar desde dónde se originan las que se hacen fuera de la cárcel y los lugares en donde se comercializan teléfonos robados. Así es como se hace un combate efectivo al crimen: con inteligencia. Pero, a como van las cosas, esa iniciativa de ley debe estar provocando más risa que preocupación entre los criminales.
Señores diputados y ONG que promueven esta ley, usen el sentido común y dejen de imponer el costo de su incompetencia sobre los ciudadanos. ¡Trabajen! ¡Den resultados con las herramientas legales y técnicas que ya tienen en su poder y dejen al ciudadano honrado en paz! ¡Carajo!
*Esta columna fue publicada originalmente en PrensaLibre.com.
