El próximo 8 de octubre se realizará la primera reunión formal en el proceso de negociación entre el gobierno/Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Noruega (Oslo).

Las bases de este proceso están establecidas en el documento “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, como resultado del Encuentro Exploratorio realizado en La Habana entre el 23 y 26 de agosto recién pasado. Con ello, resta un mes para conocer en detalle la metodología sobre la cual se desarrollará este histórico proceso. Sin embargo, y mas allá de la buena noticia que constituye la apertura de un dialogo que se encamine hacia la pacificación de Colombia, hay aspectos necesarios de analizar y considerar. 

En términos preliminares, es importante tener presente que este conflicto que se arrastra por 48 años:

a. Ha tenido tres intentos fallidos de negociación por la paz que han finalizado en un aumento de la violencia y un fortalecimiento militar de las FARC, aun cuando el numero de efectivos ha disminuido constantemente en el tiempo, llegando en la actualidad a 8.000 miembros aproximadamente.

b. El sustento ideológico básico con las cuales se crean las FARC es marxista - leninista evolucionando a distintas expresiones, pero manteniendo el uso de la violencia como instrumento político.

c. En los últimos años las FARC han mostrado una actividad creciente en el negocio ilícito del narcotráfico, vinculándose con distintos carteles de América Latina.

d. En su evolución político-militar destacan sus conexiones y espacios de cooperación con ETA de España y el IRA de Irlanda, entre varios otros, mostrando una capacidad de relacionamiento internacional importante y pocas veces visto para grupos guerrilleros de esta naturaleza.

e. La influencia de las FARC es posible advertirla, en distintas formas, en varios países de América Latina, donde existen representantes de este movimiento y para los cuales ofrecen capacitación y entrenamiento paramilitar. La documentación obtenida de los computadores de Luis Edgar Devia Silva, alias Raúl Reyes, abatido el 1 de marzo de 2008, en territorio ecuatoriano por fuerzas colombianas, bajo el mando del actual Presidente Santos cuando ejercía como ministro de Defensa de Alvaro Uribe, dan cuenta de ello.

f. Las FARC son consideradas por la ONU y la Unión Europea como un grupo terrorista. Venezuela las considera una fuerza beligerante y normalmente las FARC aceptan ser llamadas como “guerrilla”. Este status es importante pues define su posición en el sistema internacional.

g. Las FARC han declarado, y así lo han cumplido, el término de los secuestros de políticos y con fines de chantaje o captación de recursos financieros.

h. Una condición manifestada por el presidente santos para iniciar las denominadas negociaciones exploratorias, en una primera instancia, es que el despliegue y las acciones militares se mantendrían mientras dure la negociación.

Estos tópicos permiten establecer la complejidad del proceso de paz que se abre hoy día, en una cuarta versión, desde el inicio del conflicto interno de Colombia. Esta complejidad exige tener presente que en esta oportunidad –al igual que en el gobierno de Gaviria (1990-1994)- el proceso de paz incluye a otros países. En los 90’s fueron Venezuela y México. Hoy día, aparecen como garantes Cuba y Noruega y bajo de denominación de acompañantes, Chile y Venezuela. Se plantea además la posibilidad de invitar a otros países.

Las consideraciones de fondo. El proceso de paz ha tenido un inicio irregular para este tipo de negociación. Al efecto, el anuncio lejos de ser coordinado y realizado en conjunto o en forma simultánea por los dos actores, se dio a la luz pública en virtud de una filtración periodística de la cadena venezolana Telesur, el 27 de agosto, donde se daba cuenta de la firma de un documento que establecía el marco para estas negociaciones, la que fue replicada a las pocas horas por agencias y cadenas colombianas y diversos medios internacionales.

A partir de allí, las primeras declaraciones del propio presidente Santos reconocieron la existencia de esta iniciativa y fueron agregando detalles acerca de su significado. Recién el 3 de septiembre las FARC emitieron un comunicado oficial reconociendo estos hechos y sumándose a esta iniciativa para iniciar el diálogo.

La forma en que se conoce este documento firmado en La Habana constituye un elemento de debilidad para el inicio del proceso, toda vez que obliga a los distintos actores a improvisar la estrategia comunicacional y política con la cual se enfrenta, y deja en el espacio público los factores, condiciones y elementos que definirán los detalles del mismo y la metodología de trabajo a utilizar. 

De hecho, los países que cooperan en todo esto, han debido sumarse prudentemente a una situación planteada desde una filtración y que puede determinar, en forma prematura, los resultados. En estricto rigor, la demora en la aceptación de parte de las FARC define una ventaja en el inicio de este proceso pues instala una negociación en dos dimensiones, una privada e institucional, señalada en el documento, y una pública-mediática a través de la prensa, generando evidentes distorsiones respecto al avance y evaluación de los resultados.

Considerando el documento suscrito por los protagonistas está la posibilidad cierta de invitar –de común acuerdo- a otros países a este proceso. Ello permitiría que esta negociación se transforme en un tema regional, involucrando a Unasur u otras instituciones similares, con lo cual la responsabilidades de los países acompañantes pasan a tener una mayor relevancia, en cuanto su compromiso aumenta para conseguir el éxito de esta iniciativa, pero también involucra su posición política a partir de las acciones que se definan en este escenario.

Dado las reglas de funcionamiento de este Acuerdo General, resulta conveniente que los países participantes –en este caso Chile- establezcan mecanismos de estudio y evaluación continuos que incluya a distintos actores nacionales, incluidos los privados con la finalidad de analizar las implicancias e impactos que el debate y la participación establecidas van a generar, en tanto resultarán vinculantes para resguardar la implementación de los acuerdos.

No deja de llamar la atención el último punto establecido en las reglas de funcionamiento, que afirma “las conversaciones se darán bajo el principio que nada está acordado hasta que todo esté acordado”. Ello da cuenta de la complejidad del proceso que se abre el 8 de octubre. 

Respecto a los temas que se abordarán, todos resultan ser los suficientemente amplios como para esperar que ninguno tenga rápida solución, y menos implementación. Se plantea, entonces, el riesgo evidente de una interminable negociación que estará marcada por las políticas coyunturales, la resonancia mediática de distintos actores y la utilización de argumentos y posiciones de parte de cada uno de los países. Por esta razón, pareciera ser una exigencia mínima que el cronograma que se defina en el primer encuentro sea lo suficientemente realista para definir las condiciones de mantener abierto este proceso o suspenderlo inmediatamente si los objetivos no se están cumpliendo. 

El objetivo de lo propuesto es evitar regionalizar en exceso la búsqueda de la paz en Colombia, asumiendo que siempre estuvo considerado como un tema solamente limitado a este país. 

El términos generales, las temáticas que se abordan son política de desarrollo agrario integral, participación política –que implica la posibilidad de que las FARC’s se transformen en movimientos políticos-, proceso integral para el fin del conflicto, solución al problema de drogas ilícitas, derechos humanos de las víctimas y el proceso de la reconciliación asociado; y la generación de mecanismos de implementación, verificación y seguimiento.

En este último, con seguridad los países “acompañantes” tendrán un rol destacado.
De llegar a buen puerto esta histórica iniciativa, Colombia recuperaría un porcentaje de territorio importante para efectos productivos, lo cual constituiría un avance significativo para su economía.

En consecuencia. Tanto el sector privado como la sociedad civil tendrán marcado interés en hacerse escuchar y participar en las distintas instancias que orienta esta negociación.

Por otra parte, no se puede obviar los impactos políticos coyunturales que tiene este proceso, tanto en Venezuela con elecciones un día antes de la primera reunión, como de Colombia que empieza su proceso electoral en febrero de próximo año y para Cuba, que implica una legitimidad por fuera de la OEA y que es aceptada por toda la región. En el caso de Chile, su objetivo es cooperar con la paz.

De esta forma, podemos decir que estamos frente a una solución histórica o al surgimiento de un nuevo problema regional que hará historia.