Un tema central de la agenda pública en Perú, es la intensiva presencia de conflictos sociales por demandas populares generadas por las más diversas motivaciones.

Ha adquirido particular importancia el surgimiento de conflictos como reacción a inversiones privadas en sectores como minería, petróleo y energía. Se estima que más de US$40.000 millones de inversión se encuentran trabados por conflictos no resueltos.

En los conflictos sociales suelen enfrentarse distintos estamentos de la sociedad en dos bloques: de un lado el gobierno central y la empresa, y de otro el gobierno regional, el gobierno local y las comunidades. Por cierto, movimientos políticos, instituciones y medios de comunicación no están al margen.

Dado que hay intereses opuestos entre los distintos sectores, partimos de que los conflictos son algo natural en toda sociedad, y que deben resolverse mediante negociaciones que lleguen a acuerdos donde todos ganen. Para ello es necesario diálogo y negociación.

Pero los mecanismos de diálogo y negociación muchas veces no funcionan y esto impide el entendimiento entre las partes, de manera que los conflictos sociales suelen llegar a puntos de ebullición que desembocan en crisis con actos de violencia colectiva que afectan el orden, la propiedad y la vida humana.

Esta situación está muy bien graficada en el Reporte de conflictos sociales en el Perú de abril de 2013 de la Defensoría del Pueblo, que dio cuenta de:
Total de conflictos: 229
Conflictos activos: 175 (76,4%)
Conflictos latentes: 54 (23,6%)
Conflictos resueltos: 2 (0,9%)
Conflictos nuevos: 10
Conflictos en proceso de diálogo: 93 (41%).
Conflictos socioambientales: 154 (67,2%).
Conflictos que registraron al menos un episodio de violencia: 111 (48%).

El 77,9% de los conflictos sociales se da en 10 regiones: Áncash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Junín, Lima Provincias, Loreto, Piura y Puno, regiones donde hay una intensa actividad de empresas de minería, petróleo y energía.

La conducción política de las comunidades está a cargo de líderes de organizaciones sociales y autoridades regionales y municipales que se mueven entre la defensa de intereses colectivos y sus propias agendas políticas, variable que influye el desarrollo de los hechos.

El reto es encontrar mecanismos efectivos de diálogo y negociación para la prevención y manejo de conflictos, que permitan beneficios a todas las partes: gobierno central, gobierno regional, gobierno local, comunidades y empresas. Difícil tarea…