Marcelo Soza se fugó en marzo de 2014 a Brasil y pidió allí refugio político después de que la oposición le incriminara en actos de corrupción, al mismo tiempo que el Ministerio Público le abrió un proceso por incumplimiento de deberes.

La Paz. Un juez de la ciudad boliviana de Sucre declaró este miércoles en rebeldía y dispuso el embargo de bienes del ex fiscal de este país Marcelo Soza, quien huyó hace un año a Brasil y solicitó refugio político en esa nación, informaron medios locales.

El juez Eduardo González dictó estas medidas después de que Soza no se presentase a dos audiencias esta semana, dentro del proceso que la justicia boliviana sigue en su contra por incumplimiento de deberes y abandono del llamado "caso terrorismo", en el que el ex fiscal ejercía la acusación pública.

González también dispuso que la Fiscalía solicite la colaboración de la Policía Internacional (Interpol) para detener al exfiscal.

Soza se fugó en marzo de 2014 a Brasil y pidió allí refugio político después de que la oposición le incriminara en actos de corrupción, al mismo tiempo que el Ministerio Público le abrió un proceso por incumplimiento de deberes.

En septiembre pasado, Brasil prorrogó por un año el estatus provisional de refugiado otorgado al ex fiscal, en tanto la Comisión Nacional de Refugiados (Conare) de ese país, dependiente del Ministerio brasileño de Justicia, decide si le concede o no refugio definitivo.

Marcelo Soza dirigió una investigación sobre un supuesto complot secesionista ocurrido en la región de Santa Cruz (este) en 2009.

El llamado "caso terrorismo" estalló el 16 de abril de ese año, cuando un comando policial realizó un operativo en un hotel de Santa Cruz que se saldó con tres extranjeros muertos y dos detenidos, acusados de pertenecer a una célula terrorista que quería atentar contra Morales con fines secesionistas.

Soza dimitió de su cargo después de que la oposición hizo públicas unas grabaciones en la que supuestamente él hacía revelaciones sobre corrupción en el sistema judicial boliviano y apareció en unas fotografías con abogados que el gobierno hizo detener por pertenecer supuestamente a una red de extorsiones.

Algunos de los imputados por Soza en el "caso terrorismo" lo acusaron de extorsión, mientras que la Fiscalía General le inició un proceso por incumplimiento de deberes.

Bolivia pretende pedir la extradición de Soza, pero no puede hacerlo hasta que la Conare brasileña tome una decisión en firme sobre la solicitud de refugio, y sólo podría exigirla en el caso de que éste sea negado.