Claves para entender la situación en torno a la quiebra de la aerolínea uruguaya. Pasado, presente y futuro de la empresa, sus activos y acreedores.

En noviembre de 1951, el Estado uruguayo creó la empresa pública estatal Pluna (Primeras Líneas Uruguayas de Navegación Aérea), con el fin de realizar la explotación de líneas aéreas de transporte de pasajeros, correo y carga, dentro y fuera del país.

Diez años después, el Estado autorizó a la empresa pública estatal a asociarse con capitales privados, a través de una sociedad comercial. Fue así que en el año 1995, Pluna se asoció con la brasilera Varig, creando una nueva empresa llamada Pluna Líneas Aéreas Uruguayas S.A. (en adelante “Pluna”).

Durante los siguientes 10 años, Varig mantuvo el gerenciamiento, mayoría en el directorio y el 49% de las acciones de Pluna. Esta asociación terminó arrojando resultados negativos, debido a la pobre gestión y a la debacle financiera de Varig, que terminó con la quiebra de la aerolínea brasilera en el año 2006.

Fue así que el gobierno uruguayo salió a la búsqueda de nuevos socios, asociándose finalmente, en 2007, con Leadgate Investment, quien pasó a ser el socio mayoritario de la aerolínea (75% del capital de Pluna). 

Descenso en picada. A mediados del 2012, luego de no llegar a un acuerdo sobre la imprescindible capitalización de la aerolínea, Leadgate entregó sus acciones al gobierno uruguayo. 

Al momento de la salida de Leadgate, Pluna acumulaba deudas por US$300 millones , además de un potencial reclamo millonario por parte de los ex trabajadores de Varig.

Luego de una serie de medidas gremiales por parte de los trabajadores, el 5 de julio, la aerolínea decidió suspender su actividad. Cinco días después, presentó la solicitud de concurso voluntario ante la justicia uruguaya. 

Según informó la empresa, al momento de solicitar el concurso, Pluna contaba con más de 600 acreedores uruguayos y extranjeros, sin contar las personas que habían adquirido pasajes y no pudieron viajar debido al cierre de la aerolínea. 

El concurso en Uruguay. Para solicitar la declaración de concurso, el deudor debe encontrarse en estado de insolvencia, o sea, no poder cumplir con sus obligaciones.

El concurso puede ser solicitado por el deudor o por los acreedores, fiadores, socios, etc. Sin perjuicio de ello, el deudor tiene la obligación legal de solicitarlo, dentro de los 30 días siguientes a que hubiera conocido o debido conocer su estado de insolvencia.

En el caso de Pluna, el concurso fue solicitado por la empresa, y en la propia sentencia que declaró el concurso, el juez desplazó a las autoridades del control de la aerolínea. Asimismo, se designó a la Asociación Uruguaya de Peritos para la administración y disposición de los bienes y se convocó a la Junta de Acreedores para el 12 de noviembre de 2012.

Declarado el concurso, los acreedores con créditos anteriores a la declaración no pudieron iniciar juicios o arbitrajes contra el deudor, y los que se encontraban en trámite, deberán continuar su curso hasta que recaiga sentencia.

Hasta el 11/09/2012 todos los acreedores de Pluna tuvieron plazo para presentarse en el concurso y acreditar su crédito para obtener su reconocimiento judicial y lograr que los mismos ingresen a la masa pasiva, permitiendo así su eventual cobro.

Existen 3 tipos de acreedores en función de sus créditos: privilegiados (especial o general), comunes y subordinados. 

Los créditos privilegiados especiales son aquellos garantizados con prenda o hipoteca. Los acreedores con estos créditos cobran con el producido de la venta de los bienes prendados o hipotecados.

Los créditos privilegiados comunes son los laborales y tributarios. Estos cobran con el producido del resto de los bienes (los no gravados con prenda e hipoteca). De no ser suficiente, se pagará a prorrata, primero los laborales y después los tributarios.

Los créditos subordinados son las multas y los créditos de personas especialmente relacionadas con el deudor, como ser los socios y accionistas que sean titulares de más del 20% del capital social, los administradores y las sociedades del mismo grupo. Estos son los últimos en cobrar.

El resto de los créditos son los créditos comunes. Estos cobran luego de los créditos privilegiados comunes y conjuntamente con los privilegiados especiales que no pudieron cobrar todo su crédito con la venta de los bienes prendados e hipotecados.

Un atajo que resultó ser más largo. El 17 de julio, a casi una semana de declarado el concurso, con el fin de abreviar los plazos de la liquidación, el Parlamento aprobó una ley para saca del concurso los bienes hipotecados. Fue así que se creó un fideicomiso que adquirió los 7 aviones Bombardier CRJ 900 de PLUNA para subastarlos en forma pública. Paralelamente, el concurso sigue su curso con el resto de los bienes (los no gravados con prenda e hipoteca) y el resto de los acreedores (privilegiados comunes, subordinados y comunes).

La subasta de los aviones había sido fijada para el 12 de setiembre con una base de US$136.885.156, suma que sería destinada a pagar las deudas hipotecarias, o sea, a los deudores privilegiados especiales. Sin embargo, el mismo día de la subasta, el gobierno anunció su suspensión hasta el próximo 1º de octubre. Este cambio de último momento se debió a que de las siete empresas que en algún momento se mostraron interesados en participar de la subasta, tres desistieron y otras pidieron más tiempo.

Las cuatro empresas que continuarían son, la estatal venezolana Conviasa; BQB, propiedad del empresario argentino Juan Carlos López Mena; el Grupo Macri, que conduce el empresario argentino Franco Macri; y una cuarta de origen paraguayo en la que el gobierno no deposita muchas expectativas.

Las tres que desistieron serían, la argentina Sol; un empresario uruguayo que gestionaba la llegada de inversores de Alemania; y una firma estadounidense.

Si la subasta del 1º de octubre fracasa, se prevé una segunda subasta a la baja (tipo holandesa), con un piso de US$100.000.000, aunque varios afirman que el valor real de los aviones ronda los US$80.000.000.

El escenario planteado es de incertidumbre. Esperemos que el Estado uruguayo sepa pilotear esta situación.