Aunque considero que Lenín Moreno forjó a pulso la derrota política que acaba de cosechar, cabría decir algo en favor de la decisión que estuvo en el ojo de la tormenta (y que tuvo que revertir para intentar poner fin a las protestas: la eliminación del subsidio a los combustibles). Si algo sabemos con base en la experiencia de otros países de nuestra región (incluyendo al Perú), es que los subsidios generalizados a los combustibles producen una redistribución regresiva del ingreso (es decir, en favor de los sectores de mayores ingresos). De un lado, porque benefician en mayor proporción a quienes, por ejemplo, llenan el tanque de su vehículo deportivo con gasolina subsidiada, que a quienes ven reducirse el precio de su pasaje en autobús. De otro lado, porque son subsidios de un costo fiscal tan elevado que, tarde o temprano, sería necesario modificarlos para hacer sostenible el servicio de la deuda pública (lo cual suele implicar un incremento en la inflación, un mal económico que afecta en mayor proporción a quienes dependen únicamente de su salario para subsistir, es decir, a los sectores de menores ingresos). Todo ello sin mencionar su costo de oportunidad (por ejemplo, ¿cuántos hospitales o colegios se habrían podido construir con los recursos destinados a subsidiar el combustible de las familias que poseen dos o más vehículos?), o el contrabando de combustible subsidiado hacia países vecinos.
Pero si bien los subsidios generalizados a los combustibles redistribuyen el ingreso en forma regresiva, el problema con sus críticos en el Ecuador es que luego tendieron a ignorar el efecto distributivo de las medidas que buscaban eliminar esos subsidios. Si, por ejemplo, en lugar de eliminarlos por completo, se hubiese subsidiado sólo el transporte de carga y pasajeros, también se habría conseguido reducir el costo que los subsidios implican para el gobierno. Cierto, la reducción del costo fiscal habría sido menor que la que se obtendría con su eliminación, pero de ese modo tal vez se habría evitado la conmoción social y política (previsible, dados los precedentes acontecidos en el propio Ecuador), que forzó al gobierno de Moreno a derogar el decreto que eliminaba los subsidios (con lo cual, al menos por ahora, el ahorro fiscal es igual a cero).
Otra cosa que suele estar ausente del análisis es el contexto en materia de políticas públicas en el que se produjo la decisión de eliminar los subsidios a los combustibles. De un lado, el gobierno de Moreno venía adoptando medidas destinadas a "flexibilizar" el mercado laboral (eufemismo que, de manera virtualmente universal, los sindicalistas traducen como "eliminar" derechos laborales). De otro, venía reduciendo algunos tributos que pagan sectores de altos ingresos (por ejemplo, la disminución de los aranceles a la importación de insumos y bienes de capital). El argumento del gobierno era que todo ello habría de traducirse en un incremento de la inversión privada que, al generar mayor producción y empleo, produciría tanto una mayor recaudación tributaria como un incremento en los salarios.
Pero mientras esos beneficios prospectivos habrían de materializarse, si acaso, en un futuro relativamente distante, en lo inmediato el costo de eliminar los subsidios recaería en mayor proporción sobre sectores de bajos ingresos, los cuales se beneficiaban de esos subsidios en menor proporción que los sectores de altos ingresos.
