Sobre la decisión que tomó la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ), el pasado 19 de noviembre, despojando a Colombia de alrededor de 75.000 kilómetros cuadrados de mar territorial -algo así como el tamaño de Panamá, aunque aun no se ha cuantificado con exactitud-, se ha dicho de todo: hay tantas opiniones, y tan diversas, como personas han dado su punto de vista. Pero hay que contextualizar el asunto para que quienes no están familiarizados con el fallo, entiendan la molestia de los colombianos y el motivo por el que el gobierno de Juan Manuel Santos está tomando decisiones drásticas aunque extemporáneas como la de denunciar el Pacto de Bogotá (1948), lo cual implica renunciar a la jurisdicción de la CIJ.
Vamos por partes. El archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (con sus siete islotes y cayos: Alburquerque, Serrana, Serranilla, Roncador, Quitasueño, Sudeste y Bajo Nuevo), está ubicado en el Mar Caribe, frente a las costas de Nicaragua. Sin embargo, Colombia ha ejercido posesión de él desde hace más de 200 años, o sea desde antes de ser República, con títulos reales que lo demuestran. Tiempos en que esas aguas vivían infestadas de piratas, corsarios y bucaneros ingleses y franceses que hundieron decenas de galeones españoles cargados de oro y plata que hoy constituyen una de las tres riquezas de esa área en disputa. Las otras dos son los hidrocarburos y la pesca.
En 1903, Panamá declaró su independencia y con su separación, una franja de territorio colombiano a lo largo del litoral de lo que hoy son Costa Rica y Nicaragua, la llamada Costa de Mosquitos, quedó aislada, con lo que se llegó a que ambos países reclamaran como suya la parte que les correspondía. En cuanto a Nicaragua, este litigio con Colombia fue resuelto mediante el Tratado Esguerra-Bárcenas de 1928, por el cual Colombia le concedió su Costa Mosquitia y las islas Mangle Grande y Mangle Chico, a cambio de preservar la posesión del Archipiélago de San Andrés en su totalidad. Y aunque no se señaló taxativamente que el meridiano 82 fuera el límite entre ambas naciones, sí se expresó que Nicaragua no se extendería más allá de él.
Más de medio siglo después, en 1980, el Tratado Esguerra-Bárcenas fue desconocido unilateralmente por el gobierno sandinista de Nicaragua, lo cual está prohibido por el Derecho Internacional. Para entonces, ya se hablaba del alto potencial de hidrocarburos de la zona, cuestión que pone de manifiesto un trasunto de intereses meramente económicos. Sin embargo, fue el gobierno derechista de Arnoldo Alemán el que demandó en La Haya en 2001, dando inicio a un proceso al que los expertos no le auguraban mucho éxito.
No obstante lo anterior, Colombia cometió errores graves en su estrategia de defensa. El primero, y por supuesto que el más notorio, fue el no haber denunciado el Pacto de Bogotá desde esa época, como muchos expertos lo recomendaron. Por el contrario, en el año 2001 el gobierno de Andrés Pastrana reconoció la jurisdicción de la CIJ poniendo en entredicho la legítima posesión que tenía Colombia sobre San Andrés, avalada por un tratado bilateral que también se puso en duda al permitir que Nicaragua lo desconociera.
En 2007, la CIJ le dio la razón a Colombia declarando que el Tratado era válido y que las islas eran colombianas pero acogió la tesis de que el Esguerra-Bárcenas no establecía límites y que el meridiano 82 era apenas una línea de referencia. Como si fuera poco, ese tribunal se declaró competente para trazarlos. Algunos presagiaron que ello podría traer consecuencias desagradables pero el equipo negociador de Colombia –expertos de alto rango, supuestamente- estaban seguros de que el fallo de la CIJ sería ampliamente favorable y que, en el peor de los casos, correrían la 'cerca' unas pocas millas. ¡Qué equivocados estaban!
En ese entonces, Colombia debió negar la competencia de la CIJ para establecer límites y, por lo menos, mantener la defensa del meridiano 82 como el límite en vez de admitir la tesis de la línea media como se hizo en el presente gobierno de Santos, abriéndole paso a la decisión que el tribunal de La Haya tomó, que terminó siendo un trazado totalmente arbitrario. Adicionalmente, la canciller de Colombia, María Ángela Holguín, admitió desde el mes de abril que La Haya tomaría una decisión “salomónica”, dándole algo a ambas partes, y que el país debía estar preparado para asumir la pérdida. Hoy, paradójicamente, se declara sorprendida.
Pero la verdad es que el fallo de la CIJ no solo fue sesgado, sino contradictorio, y está plagado de errores antijurídicos como los siguientes:
•Reconoció el ejercicio de soberanía practicado por Colombia sobre islas y cayos pero no sobre el agua, como si la presencia y control de estos territorios se hubiera hecho desde el aire.
•Aplicó en ciertos aspectos el Derecho del Mar -que Colombia no ha suscrito-, pero no se comprendió el archipiélago como un todo a fin de establecer sus límites. Por eso, los cayos que dejó enclavados en mar nicaragüense. Es como si alguien tuviera dos sillones pero en la sala del vecino, como alguien atinadamente señaló.
•De consuno con el punto anterior, la CIJ acudió a un artificioso principio de proporcionalidad para repartir las áreas marítimas de acuerdo al tamaño de las líneas costeras.
•Alteró límites de países que no tenían parte en este litigio como Costa Rica, Panamá y Honduras, y hasta un acuerdo pesquero entre Colombia y EE. UU.
•Y tal vez lo más grave: la CIJ desconoció delimitaciones hechas por la Corona Española que se tenían como válidas antes y después de que nuestros países se independizaran. Con ese antecedente y con una corte que le da un trozo a todas las partes, queda sembrada la génesis de muchos conflictos.
Por último, hay que decir que los colombianos no estamos dispuestos a ceder más porciones de territorio, del que -por desidia de nuestros dirigentes- hemos perdido más de un millón de kilómetros cuadrados con nuestros vecinos a lo largo de nuestra historia (con Venezuela en 1833 y 1952; con Panamá, en 1903; con Brasil, en 1907; con Ecuador, en 1916; y con Perú, en 1922). Acaso por eso sea un tema tan sensible que causa hondo rechazo: según una encuesta de Ipsos (de noviembre 28), el 91% de los colombianos considera que el fallo es injusto, el 4% dice que sí lo es. El 83% pide no acatarlo contra el 11% que pide su aceptación.
La gente entiende que no fue un fallo en derecho, sino en supuesta “equidad” para tratar de dejar contentas a las partes. Un acomodo como el que suelen hacer en el fútbol los malos árbitros compensando con regalos sus errores. Lo insólito es que los errores de la CIJ fueron contra Colombia y el regalo para el rival. Las naciones quedan avisadas: en un partido dirigido por este árbitro puede pasar cualquier cosa.
