Se escapó de nuevo El Chapo. Se decía que era imposible, que jamás sucedería. Incluso, en su momento, el presidente Peña Nieto declaró que una fuga más de parte de este personaje sería “imperdonable”. La realidad es, sin embargo, terca: El Chapo está libre (otra vez).

Es evidente que el escape de Guzmán Loera es resultado de la corrupción. No obstante, parece que, para Enrique Peña, la fuga no es tan “imperdonable”: hasta el momento, sólo funcionarios menores han sido cesados y no está claro quién, o quiénes, están siendo investigados, en todos los niveles del gobierno, con relación a lo ocurrido.

Vale destacar que, más allá de que las autoridades mexicanas se han convertido en la burla del mundo como resultado de la fuga y de que, al menos en las primeras 24 horas después de ésta, estaban pasmadas, lo que es realmente preocupante no es en sí que se haya escapado un preso del penal más “seguro” del país, sino que no estamos hablando de un incidente aislado: en México, la corrupción es cotidiana. Asimismo, es normal que el gobierno no sepa qué hacer en momentos de crisis.

Por citar un ejemplo, ahí está el caso de la Casa Blanca, el cual, como el escape de El Chapo, apesta a corrupción. Y ahí está también la reacción del gobierno cuando dicho caso se hizo público: primero, sin dar explicaciones, fue cancelada una concesión para construir un tren entre la Ciudad de México y Querétaro, la cual había sido “ganada” por el grupo constructor que le “vendió” la casa en cuestión a Angélica Rivera. Luego, el propio Presidente negó conflicto de interés alguno, corrupción alguna y mandó a su esposa a dar explicaciones, las cuales no dejaron satisfecho a nadie.

La fuga de El Chapo Guzmán representa, pues, la confirmación de que México es tierra sin ley: un país que dice que tiene gobierno, que tiene policías, que tiene un marco legal, que tiene jueces, ministerios públicos, pero que, en los hechos, carece de todo ello y en el que, en realidad, lo único que vale para procurar y administrar justicia son la fuerza y el dinero.

No todo es responsabilidad de quienes se supone gobiernan: los ciudadanos también somos responsables de lo que ocurre. Por ejemplo, en Sinaloa hay gente que está feliz con la fuga de El Chapo. Igualmente, es normal que los ciudadanos adquieran artículos piratas o robados,  que no tengan el más mínimo respeto por el reglamento de tránsito, por los espacios públicos, por el prójimo. Todo esto encarna un total y absoluto desprecio por la legalidad.

Ese desprecio por lo legal, por el orden institucional, es resultado, pero también causa, de que las autoridades sean débiles y de que la aplicación de la ley sea, en el mejor de los casos, selectiva. Se trata de un círculo vicioso sumamente perjudicial y peligroso pues resulta justamente en lo que México es hoy en día: un paraíso para todo tipo de delincuentes.

México ha llegado al límite: es urgente actuar al respecto. En concreto, el gobierno no puede asumir que la corrupción y la ilegalidad son “culturales” o parte de la “condición humana”, pues esto equivale a sostener que son inevitables y que no hay nada que se pueda hacer para combatirlas con efectividad. Asimismo, los mexicanos debemos aceptar que la forma en la que opera al país no es sostenible.

La fuga de El Chapo ha dejado en ridículo no sólo al gobierno, sino a México mismo: nuestra nación quedó exhibida como un país de escenografía. Pero dicha fuga representa igualmente una gran oportunidad para comenzar a cambiar para bien. Ojalá que así sea entendida y se actúe en consecuencia: ojalá.

*Esta columna fue publicada originalmente en Excelsior.com.mx.