Hace nueve días la policía militar del estado de Bahía, en Brasil, ha empezado una huelga a través de la cual pide mejores sueldos, bonificaciones extras debido al trabajo policial, así como amnistía a los policiales que tuvieron participación en el parón. Claro que no se trata de una huelga común. La salida de los agentes de seguridad de las calles de pronto permitió el ascenso de los niveles de criminalidad: homicidios, saqueos, asaltos, secuestros. Hasta ahora, las estadísticas oficiales cuentan más de 110 asesinatos en consecuencia de la huelga.

En los primeros días de paro, tiendas fueran saqueadas de día y noche. Moradores de las calles fueran asesinados. Algunas calles fueran cerradas con autobuses. Mucha gente no fue trabajar y los que fueron se sentían inseguros. Los huelguistas, además, tuvieron la opción de empezar el paro en una ciudad, Salvador, que ya vivía una crisis con la gestión del alcalde João Henrique.

En reunión con representantes del gobierno federal y de los generales del Ejército, el gobernador Jaques Wagner (Partido de los Trabajadores, PT), que estaba de regreso de un viaje que hizo junto con la presidenta Dilma Rousseff (PT) a Cuba, afirmó que no necesitaba de la ayuda del alcalde. Por eso de pronto solicitó el apoyo de las fuerzas nacionales de seguridad, entre ellos el Ejército y los agentes especiales de la Policía Federal, a fin de garantizar un mínimo de seguridad a la población y cumplir con los arrestos de los líderes sindicales ordenados por la Justicia.

El gobierno empezó su reacción, entonces, intentando deslegitimar a los huelguistas al hablar acerca de supuestos actos criminales realizados  por los propios agentes policiales, con la intenión de crear descrédito en la población. Lo importante es que desde la llegada de las fuerzas nacionales a la ciudad de Salvador y otras del estado, los hechos de vandalismo disminuyeron de frecuencia (asesinatos, saqueos, etc.), mientras que la huelga en otras ciudades asumió un carácter más cívico y pacifico.

Una parte de los agentes federales y soldados del Ejército fueron enviados, entonces, para hacer un cerco de la Asamblea de Diputados, donde una de las asociaciones de los huelguistas (ASPRA) se había ubicado. El gobierno, en paralelo, rompía las negociaciones con esa asociación, cuyo líder, Marco Prisco, hace poco tiempo ha ingresado al Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), el mismo partido que aglutina a los más importantes líderes nacionales de la oposición al gobierno federal de la presidenta Dilma Rousseff.

La coyuntura política es irónica, por así decir, porque el Partido de los Trabajadores hizo su trayectoria basada fuertemente en los movimientos sindicales. Además, para profundizar los dilemas y contradicciones del escenario político, en internet circula el auido de un pronunciamiento del gobernador Wagner cuando era diputado federal en 1992, en el cual defiende a los policiales en huelga en aquel año.

También en 2001, el partido ahora oficialista apoyó a los policiales huelguistas. Por eso, hoy en Brasil hay una fuerte discusión sobre hasta qué punto la llegada del PT al poder cambió la agenda política de este partido, debido a las presiones de la gobernabilidad y de la coalición que lo apoya, lo que abrió espacios para otros grupos y partidos con poca inserción sindical para asumir el liderazgo en ciertos sectores, como se puede ver en la relación con los policías, ya que se tiene la idea de que el gobierno no desea o no puede responder a las demandas de este movimiento.

El cambio de la naturaleza ideológica del partido en el poder se puede percibir, además, por la manera como los refuerzos de seguridad de militares y fuerzas especiales se están concentrando en los barrios ricos y comerciales de la ciudad de Salvador. Por eso las playas estaban llenas este domingo último, tras la llegada de los militares y, sin embargo, los homicidios seguían ascendiendo en distintas partes de la ciudad y en ciudades vecinas a la capital. Así, la preocupación es mucho más fuerte en relación a la imagen de la ciudad (una proyección de la imagen del gobierno), que en garantizar una real seguridad para toda la población, incluidos los más pobres, que viven en situación de vulnerabilidad todos los días.

Los huelguistas están estratégicamente concientes de esa desigualdad y también de que el carnaval está muy cerca. Presionan al gobierno, entonces, a solucionar lo más pronto posible el impasse. Pero no solamente ellos. Los intereses económicos de poderosos grupos empresariales ya empezaron a movilizarse para defender la realización del Carnaval de Salvador, la más grande fiesta callejera del mundo, ante la realidad de la huida de turistas de la ciudad. Representantes del sector de turismo dicen que 10% de los turistas ya han cancelado sus viajes a Bahía y el Consulado de los EE.UU. en Brasil lanzó una advertencia de seguridad para sus ciudadanos, a fin de evitar cualquier viaje que no sea estrictamente necesario.

Secretarios y diputados que apoyan el gobernador también han dicho que más allá de la cuestión inmediata de los sueldos a pagar por el gobierno, está otra reivindicación latente: la PEC 300, un proyecto de ley que puede igualar los sueldos de las policías en todos los estados. Un proyecto que pone la presidenta Dilma Rousseff y su partido a nivel nacional en el centro de la acción para solucionar las demandas y evitar que la crisis de seguridad se extienda por todo el país en vísperas de eventos mundiales (como la Copa del Mundo y las Olimpíadas). La huelga en Bahía podría ser, entonces, solamente el comienzo de una lucha nacional de los sindicatos de policías del país.

Pero es cierto que el hecho de que la Policía Militar dependa hoy de los gobiernos estaduales genera mucha desigualdad entre los diferentes cuerpos. Por eso los policías en general piden una base igual en todo el país. Además de sus condiciones de trabajo muchas veces insalubres y los grandes riesgos por los que pasan, se trata de un cuerpo muy falto de políticas y mecanismos para el trato con los ciudadanos, de modo que se dan muchos casos de abusos y racismo por su parte, generalmente debido a una falta de formación en términos democráticos y por su naturaleza militarizada. La transición hacia la democracia está muy lejos de haber terminado en Brasil, en cuando a la relación entre militares y civiles.

Por lo tanto, si hay que responder a las demandas por mejores sueldos y cambiar las leyes, hay también que comprender las razones que hacen de las huelgas una realidad constante en la sociedad (y economía) brasileña, incluso en sectores estratégicos como la seguridad, a los cuales la Constitución prohíbe el paro. Lo que es fundamental para la sociedad brasileña es discutir la raíz de los problemas, es decir, el desequilibrio entre el crecimiento económico del país y la calidad de vida del pueblo.

La seguridad (así como sanidad, educación, entre otros) es uno de los índices que ayudan a comprender que solamente el crecimiento económico no es suficiente para garantizar la ciudadanía y la profundización de una democracia que reduzca las desigualdades sociales. Si el país tiene hoy la sexta economía más rica, al mismo tiempo posee niveles muy bajos de desarrollo humano (IDH) y mantiene el liderazgo en desigualdad social. En cuanto esas cuestiones no sean discutidas y solucionadas, el país seguirá siendo el país de la economía fuerte y de la sociedad débil.