La inclusión financiera no es un problema exclusivo de oferta, es más bien un problema de capacidad de acceso, donde la oferta es apenas uno de los componentes que determinan dicha capacidad. Es cierto que aún por el lado de la oferta estamos todavía lejos, más con la alta centralización de una ciudad como Lima, que concentra el grueso de la población peruana, donde apenas existen 1.070 puntos de atención (oficinas, cajeros, agentes, etc.) por cada 100 mil habitantes (2018); con un preocupante 35% de la población sobreendeudada con tarjetas de crédito que no puede pagar, cargadas hasta 150% de su capacidad de pago; con 39% de la PEA registrado con algún tipo de deuda que excede su capacidad de pago, y con una falsa caracterización de la inclusión financiera, a partir de la existencia de cuentas bancarias donde se cree que al existir un 42% de peruanos con una cuenta bancaria, ya están incluidos, siendo que 38% de ese 42% espera el fin de mes para ir corriendo a sacar todo el dinero de su pago mensual de los cajeros para transformarlo en cash y usarlo en el sistema tradicional. Todo esto constituye una oferta pobre, poco competitiva (no existe mayor competencia), con altas tasas y márgenes financieros que solo parecen beneficiar a un conjunto de bancos y a un pequeño grupo de empresas.
La inclusión financiera debe dejar de ser entendida como un problema exclusivo de oferta para integrarse más bien en el concepto profundo de "capacidad de inserción" al mundo financiero. En el Perú, el gran mercado de inclusión financiera son realmente los cerca de 2 millones de peruanos que ganan menos de US$10 al día y que están claramente fuera del mercado financiero como lo entendemos. Entonces, la pregunta es: ¿cómo llegar a ellos? ¿Cómo lograr insertarlos en el mercado? Visto de manera más general: ¿cómo incluir un mercado de más de 12 millones de peruanos que actúa esencialmente en la informalidad, donde US$8 de cada US$10 se mueven en una economía cash? No se trata de políticas; no se trata de programas piloto ni de aumentar el salario mínimo en una economía donde al 2018 más del 50% de los trabajadores tienen ingresos que están por debajo del salario mínimo legal. Esto tiene que cambiar y la naturaleza del cambio debe provenir de la innovación, la tecnología y la educación.
Cada vez queda más claro que son precisamente las nuevas generaciones de peruanos (centennials y post-centennials) las que romperán la barrera de la inclusión, a través de la tecnología por medio de los dispositivos móviles de uso transaccional masivo, aplicaciones tecnológicas y operaciones transaccionales en línea que requerirán el diseño de una nueva oferta financiera que aún no se ha configurado y que genera el espacio para la aparición de nuevos emprendimientos Fintech, startups tecnológicas y nuevos medios de transacción con dinero electrónico. Prontamente, también con la aparición de criptomonedas locales basadas en la nueva tecnología blockchain, que harán la diferencia en el mercado.
Las tasas del crecimiento del orden del 3,8% que el Perú sostiene (y no 7 u 8% como deberían ser gracias a la escasa capacidad de nuestros dirigentes y a la falta de decisión política de liderar el crecimiento económico), se deslucen con una pobreza monetaria en claro retroceso, que para fines de 2017 ya representa un alarmante 21,7% de peruanos con una tendencia que ha dado un punto de inflexión después de haberse reducido sostenidamente desde las reformas de los años 90. En ese contexto, se requiere una urgente modelación de reforma político-económica peruana que permita diseñar y promover espacios transaccionales electrónicos de uso masivo para las principales actividades económicas del ciudadano de a pie, en línea con la adopción de un nuevo mecanismo estatal de gobierno electrónico que desburocratice las entidades regulatorias, reduzca la capacidad corruptora del Estado obsoleto y permita mayor promoción del control de la inserción del ciudadano en el mundo financiero.
La posibilidad de transformar esta realidad y convertirla en una oportunidad pasa por implementar el desarrollo de sistemas electrónicos transaccionales, seguros en combinación con una estrategia masiva de gobierno digital inclusivo y promotor (y no fiscalizador y coercitivo como el actual), que permita hacer atractiva y segura la inclusión financiera que todos anhelamos tener como país. Un nuevo reto para reflexionar.
