Sorpresivas fueron las declaraciones del presidente Otto Pérez respecto de su intención de proponer, en un futuro foro de presidentes, la legalización de las drogas. Es la primera vez que un presidente latinoamericano, en el poder, hace semejante propuesta. Aunque pasará mucho antes de que dicha sugerencia se convierta en realidad, se abre la puerta para tener un diálogo respecto de la forma como debemos enfrentar una inútil guerra que ni siquiera es nuestra. El presidente Pérez no está solo.

El año pasado diferentes personalidades integraron la llamada Comisión Global de Políticas de Drogas. Entre ellas César Gaviria, ex presidente de Colombia; Ernesto Zedillo, ex presidente de México; Fernando Henrique Cardoso, ex presidente de Brasil, y George Papandreu, ex primer ministro de Grecia. La comisión también estaba integrada por el empresario Richard Branson, el escritor mexicano Carlos Fuentes, el ex secretario general de la ONU, Kofi Annan, y Louise Arbour, alta comisionada de la ONU para derechos humanos, entre otras.

La comisión concluyó en que “la guerra global contra las drogas ha fracasado con consecuencias devastadoras para individuos y sociedades alrededor del mundo”. Y sugieren “terminar con la criminalización, la marginalización y la estigmatización de las personas que usan drogas, pero que no hacen ningún daño a otros”. Es una conclusión que viene acompañada de evidencias respecto de que el consumo de drogas continúa creciendo a pesar de la destrucción, muerte y pérdida de libertad que ha provocado la fracasada “guerra contra las drogas”.

Ojalá que el presidente Pérez logre, por lo menos, que sus colegas regionales pierdan el miedo a discutir el tema públicamente. Alguien, desde una posición de poder y liderazgo político, debe tener el valor de romper el tabú y decirlo: la guerra contra las drogas no es nuestra guerra, sino una guerra impuesta por una política equivocada. Esa es la realidad. El consumidor estadounidense pone el dinero con el que los narcos producen, transportan y venden la droga; corrompen naciones y compran armas de los fabricantes estadounidenses. Al mismo tiempo, los mismos ciudadanos de EE.UU. pagan impuestos para que su gobierno lo gaste en la llamada “guerra contra las drogas”. Irónico, ¿no? Es como aquel perro que quiere morderse la cola pero solo da vueltas inútilmente en el mismo lugar, sin avanzar en ningún sentido.

Aún nos espera un largo camino que recorrer entre aquellos que creemos que el tema de las drogas debe ser tratado como un asunto de salud pública y no desde una perspectiva criminal. En vez de armas debemos tener computadoras. En lugar de cárceles, escuelas y clínicas. En lugar de policías, maestros y médicos. En lugar de políticas criminales, más educación. Las pérdidas de vidas, bienes y libertad son un trágico testimonio del altísimo costo de oportunidad que pagamos todos los días por no cambiar el rumbo.

El presidente Pérez ha dado un primer paso significativo. Ojalá tenga el valor de seguir adelante. Cuenta con más apoyo del que él cree.

*Esta columna fue publicada originalmente en PrensaLibre.com.