Tras 63 días de huelga, ha quedado muy claro que los sindicatos tienen patente de corso en el país. Sí, fracasaron en su objetivo de descarrilar la tramitación del paquete fiscal, pero también malograron todo un año lectivo, hicieron que se perdieran miles de citas en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), infligieron cuantiosos daños a la economía y, tras la seguidilla de fallos en segunda instancia que han revocado las declaratorias de ilegalidad de las huelgas, todo indica que no pagarán consecuencia alguna por sus actos.

En el ojo del huracán está la Reforma Procesal Laboral (RPL), aprobada de manera casi unánime en la anterior Asamblea Legislativa y calificada por la administración Solís como uno “de los principales logros de las últimas décadas”. En estas páginas, la abogada Paola Gutiérrez advirtió en el 2016 que la RPL “crea un estímulo a favor de las huelgas ilegales y consiente la impunidad de los huelguistas que decidan apartarse de la ley”. Su oportuno análisis fue ignorado por los tomadores de decisiones y hoy estamos pagando el precio.

Pero no hay mal que por bien no venga. La huelga ha hecho que las autoridades caigan en cuenta del gran error que fue la RPL. El presidente Alvarado ha salido a criticarla –después de que su partido fuera su gran promotor en el cuatrienio pasado– y el diputado Carlos Ricardo Benavidespresentó un proyecto de ley, firmado por otros 30 legisladores, que pretende reformarla para cerrar los portillos a abusos, como la posibilidad de efectuar suspensión de labores en servicios esenciales o el hecho de que no se puedan rebajar salarios retroactivamente en las huelgas que han sido declaradas ilegales. 

La iniciativa es perfectible, señala Gutiérrez, pero sin duda debe ser la prioridad número uno del gobierno para el próximo año. Resulta impensable la tramitación de reformas adicionales al empleo público y a los regímenes de pensiones con la impunidad que actualmente garantiza la RPL. Además, la ley no debe tener vacíos que sigan dando margen a interpretaciones judiciales permisivas, puesto que ha quedado demostrado que los juzgados laborales se han convertido en la última línea de defensa de la arbitrariedad sindical.

El país urge de muchas reformas estructurales, pero para ello debe sobreponerse del secuestro en el que lo tienen los gremios. Por eso la próxima gran reforma es enmendar el entuerto de la RPL. 

*Esta columna fue publicada originalmente en el centro de estudios públicos ElCato.org.