Para la UE la declaración unilateral de independencia realizada por el Parlamento catalán no cambia nada. No habrá fronteras entre España y Francia y Cataluña, ni tampoco aduanas, controles de tráfico ni restricciones al flujo de capitales y bienes. A los ojos de la UE, Cataluña sigue siendo parte de España y, por ende, territorio de la Unión Europea. Todos quienes viven en Cataluña siguen siendo ciudadanos de la Unión, lo que da una garantía legal de libertad de movimiento y protección de los valores fundamentales dentro de la UE, que incluso van más allá del derecho nacional.

En el caso de Cataluña, la UE es clara y precisa como pocas veces: la declaración de independencia contraviene la Constitución española. El depuesto gobierno catalán puso en peligro el estado de derecho. La Comisión Europea, el Parlamento Europeo y todos los estados miembros se negaron a reconocer la República de Cataluña. Ya hay suficientes quiebres en la Unión Europea, dijo con tino el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.

Nadie pidió la mediación

A la pregunta sobre si la Unión Europea no debió intervenir antes puede responderse con un rotundo "sí". Pero el hecho de que ello no haya ocurrido, no dependía de la UE. Para una mediación debe haber dos partes.

El Gobierno de España no quería un diálogo mediado y la UE no podía obligarlo. Quizás tanto Jean-Claude Juncker y el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, podrían haber sido más activos en su ofrecimiento, pero la clara y dura posición del Gobierno de Rajoy no dejó alternativas a Bruselas. La visión legal de unos y otros era totalmente congruente, y la integridad de España tenía prioridad en virtud de los tratados europeos como a la luz del derecho internacional. El derecho catalán a la independencia no puede construirse sobre la base del derecho internacional. El derecho a la autodeterminación no conlleva el derecho a separarse contra la voluntad del Estado dominante.

A juicio de la UE, en este caso no puede hablarse de represión o de violaciones masivas a los derechos humanos. España es una democracia que funciona. Precisamente el hecho de que los defensores del "brexit" y otras fuerzas nacionalistas de Europa acusaran a la UE es absurdo y no ayuda en nada a los catalanes. ¿No dicen siempre que la UE se mete en todo? ¿Y ahora Bruselas debería intervenir, sin una razón justificada? También la comparación con Polonia y Hungría flaquea. Allí no se trata de separatismo o secesionismo, sino de violaciones a principios estipulados en los tratados de la UE.

El futuro: elecciones pacíficas

El vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, ha justificado el uso proporcional de la violencia por parte del estado español contra las actividades de los separatistas. En las próximas semanas, el Gobierno deberá actuar con precaución ante una eventual resistencia por parte de los catalanes ante las medidas adoptadas por Madrid. Imágenes como las de la violencia policial aplicada durante el referéndum del 1 de octubre solo favorecerían a los rebeldes. Aquí la Unión Europea debería presionar, dentro de lo posible, a los partidos para que participen en las elecciones de Cataluña. Y también la UE debería buscar un papel más activo en las discusiones sobre el actual estatuto de autonomía y trabajar en la reconciliación de una región profundamente dividida.

Eso sería actuar en el interés de todos los ciudadanos de la UE, pues una España debilitada económicamente, una deuda renovada y una crisis financiera -y con ello la consiguiente amenaza sobre el euro- son escenarios con los que nadie quiere lidiar.

Y sobre la idea del secretario de Migración belga, Theo Francken, de que el destituido presidente catalán podría pedir asilo en Bélgica, debe ser entendida como lo que es: folclore flamenco de un populista de derecha.