A inicios de 2019, la triste realidad es que 7 de cada 10 empleos son informales en el Perú y la calidad del ínfimo empleo formal es francamente discutible, debido a un ingreso mediocre que no permite crecer y ser competitivo para ofrecer una relación beneficiosa de largo plazo entre las empresas y sus colaboradores.

El Perú tiene una Población Económicamente Activa (PEA) de más de 17 millones de personas, con un lamentable 28% de empleo formal (INEI, 2018), lo cual es inaceptable y requiere cambios urgentes para lograr una efectiva transformación.

La informalidad laboral en el mercado peruano seguirá existiendo, en tanto no se inicie una urgente reforma laboral que nos pueda dar productividad y competitividad. Los esfuerzos del Estado por hacer cambios no han dado resultados y se requiere activar nuevas políticas públicas y un práctico acuerdo nacional para hacer la diferencia.

El problema del empleo en el Perú está estrechamente ligado a la pérdida de productividad en un contexto donde la relación laboral no puede verse afectada por contextos de distorsión como los actualmente vigentes: sobrerregulación, exceso de modalidades de contratación e inflexibilidad para romper los vínculos laborales en casos donde la incompetencia prima en medio de un proteccionismo mal entendido. No se trata de recortar derechos laborales, al contrario, se trata de fortalecerlos y garantizarlos en un marco de alta competitividad para los colaboradores, capital humano valioso para las organizaciones.

A esto se suma el análisis global de la infraestructura actual del mercado laboral peruano, aún no consolidada, pues tiene extremos: sectores altamente productivos como la minería, el petróleo y la pesca, que generan poco empleo, por ser altamente intensivos en capital y no en mano de obra; y en contraste sectores de actual baja productividad relativa como la agricultura, los servicios y el comercio, que son relativamente poco intensivos en capital, pero altamente intensivos en mano de obra, generando la mayor parte del empleo ofertado en el mercado peruano.

De igual forma existen inequidades en cuanto a la formación y las competencias de la actual PEA, cuya formación y nivel de conocimientos y habilidades no son necesariamente lo que el mercado requiere y demanda, existiendo una seria brecha en la oferta de formación técnica especializada para cubrir las necesidades del mercado, al extremo que, en el caso minero, casi 40% de la mano de obra técnica calificada es extranjera, porque estas especialidades no están disponibles en la cantidad apropiada en el mercado local. En consecuencia, se requiere una urgente transformación de las políticas públicas laborales para dotar de capacidades a la PEA y compensar en algo las inequidades estructurales, en medio de una serie de cambios que requieren ser iniciados para generar competitividad laboral.

En el Perú tenemos que adoptar medidas concretas para lograr que el empleo formal con acceso a derechos, planes de crecimiento y remuneraciones crecientes, sea notoriamente más atractivo que el actual empleo informal y el subempleo, que surgen como consecuencia del actual sistema. Esto requiere promover la creación de empleo formal con sensatos incentivos tributarios temporales, hasta alcanzar metas razonables de formalidad en el empleo, la posibilidad real de deducir integralmente el costo laboral, la posibilidad de eliminar las restricciones a la desvinculación laboral y a la irracional reposición judicial de trabajadores improductivos. Así como la unificación de las modalidades de contratación bajo contratos laborales seguros, que respeten los derechos de los colaboradores y permitan a las empresas cesar la relación laboral cuando no se cumplan los estándares mínimos de productividad aceptable para ser competitivos.

En suma, no se trata de perseguir, imponer y regular al asfixiado empresario para lograr formalidad en el empleo, se trata más bien de promover un nuevo sistema laboral capaz de hacer atractivo el empleo formal que en términos prácticos este basado en compartir beneficios del incremento de la productividad que pueda lograrse en una colaboración entre la empresa y el trabajador con importantes beneficios para ambos. Esto constituye un reto que debemos asumir con responsabilidad de cara a transformar el futuro en beneficio de nuestra creciente fuerza laboral empezando la urgente reforma laboral que el Perú requiere.