Gobierna diez de las trece entidades en donde se elegirá gobernador y encabeza las preferencias en la mayoría de ellas, aunque no tiene ningún triunfo asegurado. Por el flanco externo enfrenta la amenaza de las alianzas PAN-PRD y de los “independientes”. Por el interno, la división en los estados por las nominaciones. Esa lección la aprendió bien en 2006 con Madrazo y a un costo muy alto, pues pasó al tercer lugar de las preferencias.

La amenaza no es menor. En todos los estados hay entre tres y nueve aspirantes y las cosas no son como antaño, cuando la disciplina podía imponerse, no había partidos de oposición al acecho de precandidatos derrotados ni candidaturas “independientes”.

Al momento se han decidido sólo dos candidaturas y las dos han salido bien: Durango y Chihuahua. El PRI ponderó no sólo los criterios de conocimiento y/o popularidad en las encuestas o el de cercanía con el Presidente, sino el desempeño y la unidad del partido. Por ejemplo, en Chihuahua las encuestas favorecían a Héctor Murguía, pero se optó por Enrique Serrano, quien, como alcalde de Ciudad Juárez, bajó las tasa de criminalidad, recompuso la relación con el empresariado y mejoró el desempeño económico de la entidad. En Durango se logró un pacto de unidad entre los cinco precandidatos, se cumplió y se evitó la disidencia.

Oaxaca, arrebatada al PRI por la coalición PAN-PRD en 2010, es un bastión a recuperar y la selección de candidato(a) será crucial. La gran ventaja del PRI es el paupérrimo desempeño de un gobernador que prometía el cambio, pero que quedó rehén de la fallida coalición y de su propia debilidad que lo hizo sucumbir a los chantajes de los diversos poderes fácticos: la APPO, la CNTE y los caciques políticos tradicionales. Un gobierno que no levantó ni un ápice los índices de bienestar y demostró que la alternancia no es garantía de nada. Oaxaca ocupa uno de los tres últimos lugares en el índice de Desarrollo Humano: lugar 30 de 32 estados en los rankings de salud e ingreso y 31 en educación; 69% de su población tiene ingresos por debajo de la línea de bienestar. Un gobierno que, en lugar de defender el derecho a la educación de los niños, consintió las demandas de líderes magisteriales que reivindicaban el privilegio de cobrar sin trabajar y de hacer política al margen de las instituciones. Un estado en el que la legalidad no vale nada y la corrupción es atroz.

El viejo PRI, el de las cuestionadas oligarquías, el de Murat y Ulises Ruiz, quiere recuperar Oaxaca a través de sus delfines: Alejandro Murat y Eviel Pérez. Los ex gobernadores siguen siendo poderosos, pero están irremediablemente enfrentados por una historia de traiciones y corruptelas que Oaxaca no olvida y, suponemos, no quiere reeditar. Los delfines no tienen por qué pagar los pecados de sus “padres”, pero no se han deslindado de los grupos que ellos representan ni cabe pensar que vayan a hacerlo.

Pero el PRI tiene opciones. Por un lado, está el empresario Gutiérrez Candiani, quien durante su gestión como presidente del CCE tuvo la sensibilidad de convocar a distintas fuerzas sociales, presentar proyectos modernizadores para el empresariado y la capacidad para mantener la independencia y crítica a las políticas públicas, al tiempo de restañar la relación entre los empresarios y el gobierno. Un hombre que no tiene ataduras locales y puede colocarse por encima de las grillas del partido.

La otra carta, de linaje priista, es una cara nueva sin los lastres del priismo autoritario que los votantes oaxaqueños decidieron jubilar en 2010. Se trata de la hoy representante de Oaxaca en la Cámara de Diputados y ex subprocuradora, Mariana Benítez. Su candidatura puede salvar la unidad del PRI en el proceso electoral y, a pesar de su juventud, ofrece experiencia política en los campos partidario, Ejecutivo y Legislativo. A ella le corresponde el mérito de haber participado en la visión y diseño de la profesionalización de la PGR, de la capacitación de los ministerios públicos y de las policías investigadoras, además de haber jugado un papel central en el proyecto de los juicios orales, las reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales, la reforma que permitió las acciones colectivas y la Reforma Política. Su trayectoria denota una visión modernizadora del Estado y de los derechos fundamentales y una capacidad ejecutiva que no está presente en los primeros dos candidatos. Sobre todo, denota su convicción de que la legalidad es el factor que iguala a las personas.

La moneda está en el aire, pero Oaxaca, que pide a gritos autoridades comprometidas con el bienestar y la justicia, será un buen caso para medir los criterios de selección de candidatos del PRI-gobierno: profesionalismo, desempeño y visión modernizadora o más de lo mismo y la vuelta al pasado.

*Esta columna fue publicada originalmente en Excelsior.com.mx.