Los ecologistas parecen darse cuenta de que tienen un interés en una pelea como el pleito entre Ecuador y Chevron. En ese caso, que Chevron ha movido recientemente a un panel de arbitraje internacional en un intento de evitar una multa de miles de millones dictada por los tribunales ecuatorianos, se trata de si una corporación multinacional petrolera tendrá que pagar daños y perjuicios por la contaminación, por la que es responsable. La mayoría de los ecologistas piensan  que esto sería una buena cosa.

Pero ¿qué pasa con las peleas entre las gigantes petroleras multinacionales y los gobiernos de los Estados productores de petróleo, por el control de los recursos? ¿Tienen, las personas que se preocupan por el medio ambiente y el cambio climático, un interés en estas batallas? Parece que sí, pero la mayoría todavía no lo ha notado.

En diciembre del año pasado, Exxon Mobil ganó una demanda contra el gobierno de Venezuela por los activos que el gobierno había nacionalizado en 2007. El premio fue en realidad una victoria para el gobierno de Venezuela: Exxon había demandado por US$12 mil millones, pero sólo ganó US$908 millones. Después de restar los US$160 millones que la corte dijo que se debía a Venezuela, Exxon terminó con una sentencia de US$748 millones. La decisión fue tomada por un panel de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI). El 15 de febrero, Venezuela le pagó a Exxon US$250 millones y anunció que el caso fue resuelto.

El caso ha sido considerado importante entre los analistas de la industria del petróleo, aunque no recibió mucha atención en otras partes. Algunos antecedentes: la disputa surgió de la decisión del gobierno venezolano de tomar una participación mayoritaria en la extracción de petróleo, de conformidad con su legislación. En 2005, entró en negociaciones con las compañías petroleras extranjeras para comprar una suficiente cantidad de sus activos para lograr una participación mayoritaria. Casi la totalidad de las negociaciones con docenas de compañías tuvieron éxito, y sólo Exxon y ConocoPhillips fueron  al arbitraje (Conoco todavía está negociando). 

Exxon adoptó una estrategia de tratar de hacer un ejemplo de Venezuela, para que ningún gobierno tratara de meterse con ellos. Acudieron a los tribunales europeos para congelar US$12 mil millones de activos de Venezuela, pero esto se revocó en cuestión de semanas. También acudieron a arbitraje en la Corte Penal Internacional y ante el panel de arbitraje del Banco Mundial (CIADI) (este último caso todavía está pendiente). Sin embargo, la Corte les concedió mucho menos que lo que el gobierno venezolano supuestamente les había ofrecido en las negociaciones. La decisión fue tomada en cuenta intensamente por los especialistas de la industria petrolera -y fue visto por los gobiernos de los países en desarrollo como una victoria importante para el mundo en desarrollo- pero no recibió mucha atención en los medios de comunicación.

Este es un precedente importante, y, por supuesto, hay otros países que seguirán teniendo conflictos con las empresas petroleras por el control de los recursos. ¿Por qué les debe importar esto a los ecologistas? Bueno, para aquellos de nosotros a quienes nos gustaría reducir la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera, nos gustaría dejar más petróleo en el suelo. Esa es una razón por la cual la mayoría de los ecologistas apoya un impuesto sobre el carbono, lo que elevaría el precio de las emisiones de carbono. La razón principal por la que Venezuela insiste en una participación mayoritaria en estos proyectos de petróleo es que quiere controlar la producción. Venezuela es un miembro de la OPEP, y se atiene a las cuotas de la organización. Si uno desea reducir el cambio climático, entonces tiene un gran interés en saber si los gobiernos que quieren reducir la producción de petróleo son capaces de hacerlo.

Un precio más alto del petróleo debido a la reducción de la producción por países productores de petróleo reduce el consumo  de la misma manera que lo haría un impuesto al carbono. También alienta el desarrollo de las alternativas a combustibles fósiles, incluidas las tecnologías solares y eólicas, que se hacen más económicamente viables cuando hay precios más altos de petróleo. (Por supuesto, los precios más altos motivan a países no-OPEP a producir más petróleo y a miembros de la OPEP a hacer trampa en el cartel, y un impuesto sobre el carbono no tendría el mismo efecto; pero esto sería un argumento a favor de una OPEP más fuerte y más inclusiva).

Por el otro lado, nuestros adversarios siempre han tenido el objetivo de inundar el mundo con el petróleo barato, lo que, por supuesto, en gran medida aceleraría el calentamiento global. Antes de que Hugo Chávez fuera elegido en Venezuela, la empresa petrolera nacional (Pdvsa) compartía ese objetivo con Washington. Pero tan pronto como fue elegido, Chávez presionó con éxito a la OPEP a que redujera la producción, sacando los precios del petróleo de su punto más bajo de 11 dólares por barril en 1998. El Departamento de Estado de Estados Unidos, en un informe de 2002 [PDF], admitió que el gobierno de Estados Unidos "proveyó la capacitación, el fortalecimiento institucional, y otro tipo de apoyo a individuos y organizaciones entendidos a estar involucrados activamente" en el golpe militar que derrocó al gobierno electo de Venezuela brevemente ese año. Ese mismo informe también estableció que uno de los principales motivos por el "disgusto" de Washington con Chávez era "su participación en los asuntos de la empresa petrolera venezolana y el impacto potencial en los precios del petróleo".

Por supuesto que no es políticamente popular para nadie parecer estar del lado de la OPEP en los países ricos, consumidores de petróleo. Pero la mayoría de los ecologistas están dispuestos a apoyar  políticas, como un impuesto al carbono, que no necesariamente van a ganar las elecciones de este año. También deben reconocer que tienen un interés en la lucha de los Estados productores contra las empresas multinacionales, por el control de los combustibles fósiles y otros recursos naturales.

*Esta columna fue publicada con anterioridad en Center for Economic and Policy Research.