El objetivo cinco de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el desarrollo sostenible (ODS) propugna la igualdad de género. Ello, mediante el empoderamiento de las mujeres, de tal forma que se asegure su participación plena y efectiva, la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública, con reformas que les otorguen igualdad de derechos a los recursos económicos, acceso a la propiedad, al control de la tierra y otros tipos de bienes, a los servicios financieros, y mejorando su acceso al uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Diversos organismos internacionales especializados, como la OMC, la UNCTAD y el Banco Mundial, han constatado la existencia de fuertes barreras o discriminación al acceso de las mujeres a la economía, el sector productivo y al comercio internacional.

La lucha de las mujeres contra toda forma de discriminación y por la paridad de género es, en primer lugar, un tema de derechos humanos y justicia social y económica. En términos económicos, la plena integración de las mujeres tiene un potencial de crecimiento económico y de desarrollo global de enorme impacto, que contribuiría a mejorar considerablemente las condiciones de vida de las sociedades. En efecto, las mujeres pueden ser actoras de la economía como consumidoras, como trabajadoras o como emprendedoras. El Banco Mundial señala que si se eliminan todas las formas de discriminación que existen para las mujeres (empezando por el acceso a la educación), la productividad per cápita global podría elevarse hasta en un 40%. Por su parte, el McKinsey Global Institute calcula que, si los países adoptaran las medidas para eliminar la brecha de género y se lograra la paridad completa, el impacto sería que hacia el 2025 se agregarían al PIB mundial entre US$ 12 trillones (12 mil millones de millones) y US$ 28 trillones (28 mil millones de millones), en este caso en el escenario más optimista. Esta cifra equivaldría a la suma del PIB de los Estados Unidos y China. En términos de erradicación de la pobreza, la integración de la mujer a la economía es esencial y condición sine qua non para el cumplimiento del objetivo 1 de la Agenda 2030, primero por incorporar más ingresos monetarios a la familia, pero sobretodo porque las mujeres destinan sus ingresos hasta en un 90% en promedio a inversión en salud, educación y alimentación de sus hijos.

La integración de las emprendedoras al comercio internacional es parte de este objetivo, por varias razones. Según el Banco Mundial, el comercio internacional tiene la potencialidad para aumentar el crecimiento y el empleo. Las economías abiertas son más exitosas y sustentables que las que no lo están, y sus salarios reales crecen tres veces más rápido. A lo que se añade en esta ecuación, que los países que cuentan con mejores políticas para las mujeres, suelen ser más competitivos y aprovechan por ello mejor las oportunidades del mercado internacional. Por otra parte, las Mipymes que exportan son más productivas, tienen ingresos muy superiores a las que no lo hacen, emplean más trabajadores y con mejor remuneración. Ahora bien, como de los aproximadamente 500 millones de Mipymes que hay en el mundo, solo el 34% pertenecen a mujeres, y de las que exportan solo el 19% están en manos de mujeres, la tarea a abordar tanto por los gobiernos como por los organismos internacionales, es eliminar las barreras que se interponen a las emprendedoras para acceder al mercado internacional, barreras que son más acentuadas en los países menos adelantados.

De acuerdo a lo señalado por la OMC, el CCI o la UNCTAD, los principales obstáculos que es necesario remover en general para dinamizar el comercio internacional, y que afectan principalmente a las Mipymes, y dentro de estas a las de mujeres, tienen que ver con cuestiones administrativas, aduaneras, técnicas y de infraestructura física y digital, lo que está contenido en el Acuerdo de Facilitación de Comercio (AFC) de la OMC que acaba de entrar en vigencia. (En anteriores artículos hemos abordado este Acuerdo internacional). Pero en cuanto a las mujeres emprendedoras, los obstáculos son bastante específicos, unos objetivos y otros subjetivos. Por ejemplo, la incapacidad legal existente todavía para abrir cuentas corrientes; la exigencia de autorización del marido para emprender un negocio; imposibilidad para registrar una propiedad; discriminación en el acceso al crédito por razones legales; analfabetismo digital por falta de acceso a la formación en nuevas tecnologías, y por ende al e-commerce como herramienta de información y negocios; acoso y exigencias de soborno en el comercio trans-fronterizo. Y cuestiones subjetivas, como revela una investigación canadiense citada por la OMC, en que el 75% de las mujeres entrevistadas percibía una "falta de respeto por parte de los empresarios varones" y "una negativa a ser tomadas en serio". El Director General de la OMC señala que de 190 economías estudiadas por el Banco Mundial, en 155 de ellas “las mujeres no tienen los mismos derechos legales que los hombres, lo que significa que hay al menos una ley que impide las oportunidades económicas de las mujeres”.

Un ejemplo de trabajo en función de este objetivo, es lo que el Centro de Comercio Internacional (CCI), un organismo conjunto de la ONU y la OMC, con sede en Ginebra, lleva adelante desde el 2015, con la cooperación de diversas instituciones públicas y privadas: el programa denominado “SheTrades”, que se propone incorporar a un millón de mujeres emprendedoras al mercado internacional para el 2020. Esta iniciativa, alineada con los objetivos 1, 5 y 8 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, ya ha facilitado el acceso al mercado a más de 15.000 emprendedoras, generando US$75 millones en exportaciones y movilizado una red de 850.000 personas y 100 instituciones de apoyo. El CCI está trabajando desde el 2000 en creación de capacidades para la incorporación de las mujeres, especialmente en África, América latina y Asia. Además de contar con ayuda de gobiernos como Finlandia, Australia, Noruega o el Reino Unido, se coordina, entre otros, con Facebook y Google, Fairtrade de África, Barklays Bank de Kenya y la plataforma de licitaciones públicas “Chile Compra”.

La iniciativa cuenta con un portal web y una aplicación móvil, para que las empresarias compartan información sobre sus empresas, obtengan visibilidad, creen redes, y se conecten para internacionalizarse. SheTrades también ayuda a las grandes corporaciones a incluir más mujeres empresarias en sus cadenas de suministro, ya que permite informar al mercado sobre los servicios y productos ofrecidos por estas empresas, y ayuda a las grandes empresas a incorporar más mujeres empresarias en sus cadenas de abastecimiento.

Como parte de la toma de conciencia que se va produciendo acerca de la importancia de esta integración de las mujeres al mercado internacional, es destacable también que Chile, Canadá y Uruguay hayan incluido en sus TLC un capítulo de género. Y que Kenya y Ruanda promuevan politicas económicas para el empoderamiento de las mujeres. Ejemplos a tener en cuenta por otros países, sin duda.