Podría ser un principio, el principio del fin. La oposición de Venezuela ha comenzado a reunir firmas para un referendo revocatorio contra el presidente del país. Miles de venezolanos ya han secundado el llamado, formando largas filas ante las mesas de recogida de firmas. Es seguro que reunirán las casi 200.000 firmas necesarias para el dar el primer paso del largo y complicado proceso. Según las encuestas, también es muy probable que haya una mayoría para lograr la destitución de Maduro.

Pero la aún corta historia del Parlamento venezolano tras la aplastante victoria de los partidos de oposición nos muestra que la voluntad del pueblo de Venezuela ya no sirve como guía para la negociación política. Los chavistas se han apropiado del Estado. Todas las instituciones, desde el Tribunal Superior de Justicia, pasando por el Consejo Nacional Electoral, hasta el consorcio estatal del petróleo, están en manos del gobierno, que ha logrado frenar hasta ahora con éxito cada una de las decisiones críticas tomadas por el nuevo Parlamento. También puede dejar el referendo sin efecto.

Mucho más elegante que la represión. Los burócratas de Maduro logran de forma eficiente y discreta lo que la represión abierta ni de lejos conseguiría: neutralizar a los molestos opositores políticos. Incluso después del abrumador éxito de la oposición en las elecciones libres, los chavistas usurparon con impresionante descaro el Tribunal Superior de Justicia. El nombramiento de la nueva plantilla de jueces fue jurídicamente más que dudoso, pero no hubo protesta internacional. De esta manera, Maduro obtuvo vía libre. Desde invalidar con trucos la mayoría de dos tercios de la oposición en el Parlamento hasta las tácticas dilatorias de los organismos electorales, ninguna decisión del gobierno puede impugnarse ante el Supremo con posibilidades de éxito.

Eso no tiene nada que ver con la democracia. Pero, hasta ahora, los chavistas han logrado esquivar con habilidad en el último minuto la presión internacional con el encubrimiento democrático de su estrategia de poder. Así pues, el Consejo Electoral entregó las listas para el llamado al referendo cuando la oposición convocó marchas de protesta. El próximo obstáculo será la auditoría de los listados de firmas. Aunque el organismo tiene un plazo de 20 días para hacerlo, casualmente, justo cuando se inició la recogida de firmas, el gobierno redujo las jornadas laborables de los servicios públicos a dos días a la semana, supuestamente por la crisis energética. Es de esperar que aún haya más maniobras kafkianas de este tipo para que a la oposición se le agoten los plazos. Si el complejo proceso no logra concluirse antes del 10 de enero, no habrá nuevas elecciones, sino que Maduro será sencillamente sustituido por su vicepresidente.

A los ciudadanos se les agota la paciencia. El gobierno juega descaradamente a ganar tiempo, mientras los venezolanos pierden la paciencia. La inflación galopante, los estantes vacíos de los supermercados, los constantes cortes eléctricos y los racionamientos debilitan los nervios. Ya ha habido violentas protestas y saqueos, atribuidos por el gobierno, por supuesto, a la oposición. Hasta ahora, la recogida de firmas ha sido pacífica. La heterogénea alianza de diferentes partidos de la oposición se atiene disciplinadamente a los procedimientos constitucionales. Pero arrecia la presión en el país.

La comunidad internacional se pronuncia como antes de forma tímida y comedida. Los venezolanos están solos, sólo ellos pueden evitar una catástrofe. Con más paciencia todavía, con más tesón y disciplina. También los chavistas padecen en las actuales circunstancias. Deberían preguntarse cuánto tiene que ver el gobierno con sus ideales.