El comunicado de los gobiernos de Argentina, Bolivia, Colombia y México menciona asuntos que merecerían consideración, si no fuera porque contiene una omisión absolutamente imperdonable: no hace ninguna mención al golpe de Estado y el intento de someter todos los poderes públicos a su control por parte de Pedro Castillo. Hacíamos alusión la semana pasada a la doble moral que suele estar implícita en el respaldo al autoritarismo: el abuso de poder se justifica cuando se ejerce en nuestro favor, pero no en favor de nuestros rivales políticos. Es el caso de sectores de izquierda que critican legítimamente la criminalización de la protesta social, pero no critican ni el vandalismo en las protestas ni, para el caso, las condenas a décadas en prisión que endilga la dictadura cubana a quienes protestan en su contra. Es también el caso de los sectores de derecha que asocian toda protesta social con el vandalismo y la subversión, o exigen que las fuerzas armadas disparen a discreción contra los manifestantes. Lamentablemente, en esta última categoría caen las declaraciones del general PNP Óscar Arriola, jefe de la Dircote, según las cuales el MRTA (entre otros grupos), está detrás de la violencia en las recientes protestas. Que recuerde, no se ha atribuido al MRTA ninguna acción terrorista desde fines del siglo pasado. Por eso el Departamento de Estado de los Estados Unidos retiró en 2004 al MRTA de su lista de organizaciones terroristas: no porque hubiese dejado de ser una organización terrorista, sino porque había dejado de existir.
Lo que no dijimos en la columna anterior es que hay condiciones que hacen más probable el despliegue de esa doble moral frente al autoritarismo. Básicamente, en un contexto de grave crisis política, la polarización induce a ver al otro no como un rival con reivindicaciones legítimas, sino como un enemigo existencial de la “nación” o del “pueblo” (en singular y sin matices, y al cual se cree representar en forma exclusiva). Por ejemplo, la respuesta de nuestra Cancillería al comunicado de los gobiernos antes mencionados relieva el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (o Comisión IDH), que reconoce “la actuación inmediata de las instituciones del Perú en defensa de la democracia para evitar la concreción del quiebre institucional”. Ese pronunciamiento resultaría incomprensible si hace suya la versión del congresista Montoya, según la cual los integrantes de esa Comisión serían “apañadores de los que realmente cometen los abusos y excesos a los derechos humanos”.
De un lado, parte de la izquierda peruana sostiene (según el caso), que Castillo no perpetró un golpe, que fue una mera tentativa porque el golpe no se consumó, o que no es responsable del golpe porque habría sido drogado y no lo recuerda (aunque sí recordó pedir asilo para librarse de sus consecuencias). De otro, parte de la derecha cree que una misión de la OEA formada por una mayoría de gobiernos conservadores conspiró en favor de Castillo, o que lo hizo la propia OEA al admitir por unanimidad la aplicación al Perú de la Carta Democrática Interamericana (lo cual haría cómplices de la conspiración en favor de Castillo a los gobiernos de Bolsonaro, Biden y Trudeau).
Por lo demás, como mostraré en una próxima columna, hay evidencia de que los críticos de la Misión de la OEA no conocen su informe. De un lado lo llaman “informe final”: las dos primeras palabras del título mismo del documento son “Informe Preliminar”. De otro lado, sus críticos atribuyen a la Misión opiniones que, en realidad, son de las personas con las que se reunió en nuestro país: lo primero que advierte la sección respectiva del informe es que “Las citas se realizan sin referencias personales de autoría”. No es que no se pueda criticar el informe, pero antes habría que leerlo.
