Con la justificación de combatir la pandemia del coronavirus en su país, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, logró que el lunes pasado su legislatura aprobara una ley por la que él podrá gobernar mediante decretos ejecutivos indefinidamente. También se emitió una nueva ley que condena hasta con cinco años de prisión a quien afecte las medidas destinadas a combatir el virus o a quienes difundan información falsa al respecto.

En pocas palabras, la actual situación le cayó a Orbán como anillo al dedo. Porque es evidente que estas medidas constituyen un paso más en la incansable tarea de erosión de la democracia húngara a la que se ha dedicado este personaje, pues está bastante bien documentado cómo Orbán fue concentrando cada vez más poder desde que en 2010 ocupó el Ejecutivo nacional. A lo largo de la década ha usado diversos mecanismos para lograr sus objetivos de imponer su autoridad exclusiva, desapareciendo de manera deliberada los contrapesos que podían haber ofrecido una resistencia a sus dictados cada vez más autocráticos, ultranacionalistas y xenófobos, abiertamente cargados de racismo y antisemitismo.

De hecho, el rechazo de Orbán a colaborar con la Unión Europea, comunidad política  de la que forma parte, en la recepción de la oleada de refugiados que arribó al viejo continente debido a las guerras en Oriente Medio –fundamentalmente de Siria– fue uno de los asuntos que más fricciones y conflictos creó entre Orbán y el resto de sus socios europeos. Tensiones que, en ciertos momentos, llegaron al extremo de estar muy cerca de que el Parlamento Europeo tomara la decisión de expulsar de su seno al partido Fidesz, al que pertenece Viktor Orbán.

Ante la reciente maniobra de Orbán, la Unión Europea ha sonado la voz de alarma, ya que considera que esto constituye un caso evidente de explotación de la pandemia en beneficio de ganancias políticas personales que apuntan al apalancamiento de un régimen abiertamente autoritario, el cual desconoce de manera flagrante los principios democráticos básicos que la Unión exige a sus miembros.

Más de una docena de Estados pertenecientes a la Unión Europea, incluidos Alemania, Italia, Francia y España, han criticado duramente las nuevas medidas tomadas por Orbán, enfatizando que cuando los gobiernos adquieren más poder con el fin de manejar adecuadamente una crisis, deben estar bajo el escrutinio de cuerpos parlamentarios y medios de comunicación independientes. Al respecto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen expresó que “…las medidas de emergencia deben estar limitadas a lo que es necesario, deben ser estrictamente proporcionales… no deben de durar indefinidamente y, sobre todo, deben estar sujetas a un escrutinio regular”.

Lo que aumenta aún más la preocupación acerca del caso húngaro es que su ejemplo se replique en otras naciones cuyos gobiernos decidan usar la crisis del coronavirus para acumular más poder. Es por ello que la Unión Europea planea condicionar el monto de los fondos a repartir entre sus miembros dentro del presupuesto común para el periodo 2021-2028, al compromiso real que cada cual asuma con los principios democráticos.

Por lo demás, no cabe duda de que la actual crisis sanitaria que azota al mundo está dando pie a que no sólo se justifiquen medidas que infringen ciertos derechos humanos fundamentales –medidas que idealmente deberían ser sólo temporales hasta que las cosas regresen a la normalidad–, sino a que se registre simultáneamente una propensión en muchos espacios, a enaltecer las virtudes que los regímenes autocráticos tienen de cara a un manejo eficiente de las crisis, como, por ejemplo, lo que ha acontecido con el caso de Wuhan en China. Esto, sin duda, puede derivar en un peligro a futuro, debido a la posibilidad del mayor empoderamiento de élites políticas que pretendan perpetuar indefinidamente su dominio vertical y autoritario sin contrapesos.

Ante ello, hay que tener muy claro que, tanto en México como en cualquier otra nación del mundo, es de vital importancia, ahora y siempre, la división de poderes, la participación activa de la sociedad civil y sus organizaciones en el debate público, lo mismo que la irrenunciable libertad de expresión.

*Esta columna fue publicada originalmente en Excélsior.com.mx.