Perú vive una de las mayores y recurrentes crisis de inestabilidad política, una especie de desmoronamiento del Gobierno, en donde el hastío social ante la impericia manifiesta, las investigaciones fiscales por supuestos casos de corrupción y la confrontación entre poderes son parte de la triste cotidianidad.

El martes en la noche el presidente Pedro Castillo, sin su característico sombrero, hacía jurar a su cuarto Gabinete Ministerial, a una semana de haber presentado a su tercer Gabinete; ello, bajo una fuerte presión social, una desaprobación creciente de 60% y voces que solicitan su renuncia. Todo esto, a menos de siete meses de haber asumido.

Aníbal Torres, abogado de 79 años, exministro de Justicia de Castillo, era convocado para asumir la presidencia del Consejo de Ministros. Torres, quien se ha hecho conocido por haber construido una relación cercana con el presidente, de perfil técnico académico, ha tenido una postura bastante crítica y de confrontación con la prensa.

El reciente gabinete, no precisamente caracterizado por tener una composición paritaria, pero sí una alta participación mayoritaria de Perú Libre, partido cuyo secretario general es Vladimir Cerrón, ha generado una percepción de no ser participativo y tampoco de ancha base. En este, el doctor Cerrón toma un rol protagónico y su presencia no solo se percibe, sino que tendría como caja de resonancia el interior de Palacio de Gobierno.

El gabinete anterior, que duró menos de una semana, fue removido por las complejas acusaciones de sus miembros, mínima o ninguna experiencia, investigaciones fiscales, conductas misóginas, entre otros complejos cuestionamientos.

Los escenarios para la salida de esta crisis política se proyectan en tres cuestiones; la primera, la renuncia del jefe de Estado a la luz de los reclamos y presión social; la segunda, la vacancia por incapacidad moral, que requeriría 87 votos de los 130 parlamentarios del Congreso de la República -que, dicho sea de paso, esos 87 votos no están-; y la tercera, la destitución del presidente vía acusación constitucional, que requiere un cambio en la Constitución, 87 votos a favor en dos legislaturas, en este escenario, solo se destituiría al presidente.  

Así las cosas, en estos breves meses de administración del profesor rural Pedro Castillo, presidente del Perú, el hastío social crece, la nula ejecución por parte de los funcionarios se hace latente, las expectativas de los peruanos que creyeron en la frase del hoy presidente: “No más pobres en un país rico”, se diluyen. La economía se ralentiza, los inversores miran con preocupación este clima de incertidumbre, que empieza a salpicar a lo económico y que se evidencia en el “Informe de Riesgos Globales 2022”, elaborado por el World Economic Forum con el apoyo de Marsh McLennan y otras organizaciones, que señala, que el riesgo más preocupante para el Perú en 2022 es un “colapso de estado”, además del riesgo de un “prolongado estancamiento económico”.

Finalmente, y una vez más, es necesario que la agenda esté enfocada en colocar a los peruanos al centro, atendiendo sus demandas sociales, ambientales, las expectativas que siguen diluyéndose, la vuelta a clases en marzo, situación sanitaria y claro, una urgente reactivación económica. Cuidado, que tantas veces va el cántaro al agua que termina rompiéndose.