América Latina ha tenido un destacado desempeño económico en la última década, acompañado por una reducción significativa en los niveles de pobreza y, en algunos países, también en los niveles de desigualdad. Si comparamos la situación actual con lo que sucedía hace dos décadas, la región tiene hoy en día economías más fuertes e integradas, democracias más consolidadas, así como Estados que han asumido mayores responsabilidades en la protección social. Pero el flanco débil de la región es la violencia, el crimen y la inseguridad.
Con intensidades diferenciadas entre países, la región sufre de una epidemia de violencia, acompañada por el crecimiento y difusión de los delitos, así como por el aumento del temor entre los ciudadanos. Entre 2000 y 2010 la tasa de homicidios de la región creció 11%, mientras que en la mayoría de las regiones del mundo descendió. Si consideramos los países que tienen información entre 1980 y principios de 1990, en comparación al momento actual, encontraremos que los robos se han casi triplicado en los últimos 25 años. Más aún, 1 de cada 10 robos se producen con violencia, en su gran mayoría a través del uso de armas de fuego y 1 de cada 10 latinoamericanos han sido víctimas de violencia intrafamiliar. En un día típico, en América Latina 460 personas sufren las consecuencias de la violencia sexual; la mayoría son mujeres.
El deterioro de la seguridad no se ha dado de manera homogénea. Cuando desagregamos los delitos por países encontramos dos Américas Latinas: una en la cual la violencia letal es la que más aqueja a la población, con países que sufren verdaderas espirales de violencia, y otra en la que los niveles de homicidio son relativamente bajos, pero en la que el aumento repentino y considerable de los delitos patrimoniales ha disparado la percepción de inseguridad en la ciudadanía. Al mismo tiempo, al interior de los países la situación es heterogénea, con municipios y estados que tienen indicadores comparables a los países de Europa y lugares en los que la violencia letal es incluso mayor a la de países en guerra.
Los latinoamericanos tenemos menos pobreza, menos desigualdad y democracias relativamente estables en la región, pero mayores niveles de inseguridad. ¿Qué ocurrió?
Esta es una de las preguntas centrales que ha asumido el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a través de la elaboración en curso de un Informe de Desarrollo Humano para América Latina, el cual tiene como tema central la seguridad ciudadana. El informe señala cuatro claves para responder a esta pregunta. Primero, los Estados de la región siguen teniendo déficits de capacidades en materia de justicia y seguridad. Esto se refleja en índices de impunidad alarmantes, la crisis que atraviesan sus sistemas carcelarios y en la desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones de justicia y policía. Es justamente a la luz de estos déficits que la privatización de la seguridad ha ido ganando fuerza, lo cual tiende a profundizar la desigualdad en el acceso a la seguridad y deja sin resolver los retos que atraviesa el Estado como principal garante de la seguridad ciudadana.
Segundo, el informe constata que la región ha crecido más en cantidad que en calidad: continúa teniendo fragilidades en el empleo, rezagos en la inclusión de las poblaciones más jóvenes, crecimientos urbanos acelerados acompañados de fracturas en el tejido social y de clases medias vulnerables.
Tercero, los vínculos comunitarios como la familia, la escuela y la comunidad han perdido su fuerza en algunos contextos como tensores sociales que permiten desarrollar formas positivas de convivencia. La inseguridad ha reconfigurado el tejido social en las sociedades latinoamericanas reduciendo los espacios de cooperación, confianza y participación ciudadana y propiciando, en algunos casos, formas de organización distorsionadas por el temor y la desconfianza como la llamada “justicia por mano propia”.
Cuarto, la multiplicación y agudización de las amenazas a la seguridad, tanto en espacios privados como públicos, limitan gravemente las capacidades y libertades de los latinoamericanos. Si bien el crimen organizado ha ganado notoriedad como dinamizador de la violencia y el crimen a nivel local y transnacional, la afectación cotidiana de los ciudadanos revela que están expuestos a muchas otras amenazas como el delito callejero, la violencia de género y la violencia ejercida por y en contra de los jóvenes, y que dichas amenazas se entrecruzan y retroalimentan en la práctica.
Estas cuatro claves revelan la complejidad y multiplicidad de los problemas que subyacen a la inseguridad ciudadana. Más aún, exigen pensar en respuestas integrales de política pública, incluyendo el papel de los actores no estatales y de la comunidad internacional. Sabemos bien que hay que pasar de la reflexión a la acción, con respuestas creativas e innovadoras, aprendiendo de los aciertos y las fallas. De ahí que el objetivo más importante del Informe de Desarrollo Humano para América Latina 2013 -que cuenta con la colaboración de distinguidos especialistas, representantes del quehacer público y la sociedad civil-, sea contribuir a la creación de mejores y más efectivas políticas públicas en aras de proteger a las y los ciudadanos de América Latina.
*Esta columna fue publicada originalmente en la revista Humanum del PNUD.
