Los colombianos nos hemos ido volviendo muy exigentes. Los hay quienes viven de indignación en indignación, pero, como bien dijo alguien por ahí, para indignarse hay que ser digno, lo que quiere decir que la indignación no es un derecho ‘inalienable’ de la persona sino algo que proviene de su propia virtud.
Y una de las cosas que más falsamente nos indignan es la atención en salud, no solo porque queremos que se nos concedan toda clase de privilegios sino porque a menudo pretendemos que hasta ocurran milagros. Ese es el tema que se vuelve a poner de moda por estos días, con trámites de reforma de por medio y un sinnúmero de propuestas que casi siempre parten del supuesto efectista de que la Ley 100 de 1993 fracasó y debe remplazarse.
Sin embargo, para compartir esa posición habría que empezar por recordar cómo era la atención en salud antes de la Ley 100, cosa que muchos no saben y que a los menores de 25 años ni siquiera les tocó. Baste con decir que hasta 1993, la atención del Seguro Social (ISS) solo cubría al trabajador aportante, mientras que su núcleo familiar era pobremente atendido con recursos de las cajas de compensación. Y a pesar de que este sistema solo tenía una cobertura del 17% de la población, el ISS no daba abasto, era una de las entidades más ineficientes del Estado colombiano.
De otro lado, los no aportantes -las capas más pobres de la población que hoy tienen el Sisbén (Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales)- recibían una atención prácticamente de caridad en hospitales públicos, financiados con transferencias departamentales que provenían de los juegos de suerte y azar (loterías) y del monopolio de los licores que, irónicamente, por su abuso, constituyen un problema de salud pública.
Ahora, volver a estatizar la atención en salud sería un grave retroceso porque el aparato estatal es muy ineficiente para asumir un reto de tanta envergadura. En lo que estamos claros es en que la intermediación en salud no puede ser un negocio en el que lo único que prima es el lucro. Las empresas prestadoras de salud (EPS) no pueden ser entidades que se desvían de su finalidad y maximizan excedentes para expandirse como si fueran un grupo económico cualquiera, porque su papel es administrar recursos del Estado y de aportantes que en ningún caso son socios. Tampoco puede aceptarse que la viabilidad del sistema se ponga en riesgo por incapacidad para controlar los precios de los medicamentos. El que aquí, en Colombia, se vendan fármacos diez veces más caros que en países vecinos, es una anomalía inaceptable.
Hace poco vimos en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Londres, que los británicos se sienten orgullosos de su sistema de salud pública, el National Health Service (NHS). Pero eso cuesta y no se puede caer en ligerezas como la del Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez, quien manifiesta que los 40 billones de pesos colombianos (COP) -unos US$22.000 millones- que se destinan a la salud en Colombia al año “son recursos superiores a los que gasta Japón, España, Italia e Inglaterra”, porque la realidad es muy distinta.
Según la OCDE, Gran Bretaña (Inglaterra, Gales y Escocia) invierte el 9,6% del PIB en su sistema de salud (2010). Y, según el Banco Mundial, el PIB de GB es de US$2,43 trillones (2011). De manera que el gasto en salud de los británicos se sitúa alrededor de los US$233.000 millones; unos COP 420 billones al cambio actual, que es más de diez veces de lo que se destina en Colombia a pesar de que su población, en número, no es muy superior a la nuestra: 62 millones de habitantes en GB y 46 millones en Colombia. Recordemos, a manera de comparación, que el Presupuesto General de Colombia para 2013, acaba de ser fijado en COP 185,5 billones (US$102.000 millones), menos de la mitad de los recursos del NHS. Así que, despertemos, no estamos en condiciones de tener el mismo nivel de atención en salud de un país rico.
Para que podamos tener una atención en salud digna es necesario cuidar los moderados recursos con que se cuenta, eliminando toda clase de abusos y corruptelas -como tener gerentes de EPS con salarios de COP 95 millones mensuales (US$52.000), casi cinco veces el sueldo del presidente de la República- y enfocare en las necesidades más apremiantes. Además, esos recursos rendirían más si se mejora la medicina preventiva, combatiendo el sedentarismo, la mala alimentación, el cigarrillo, el consumo de alucinógenos y el exceso de alcohol, pero eso equivaldría a hacernos responsables todos de la viabilidad del sistema y eso es imposible mientras la mayoría de los colombianos nos creamos con derecho a indignarnos sin sentir también que tenemos deberes que cumplir para vivir armoniosamente en sociedad.
