No todo en este mundo es culpa de Donald Trump. Se suele culpar al proteccionismo de su gobierno por el retroceso en los patrones de integración económica internacional (es decir, de aquella “globalización” de la que oye hablar cada vez menos). En realidad, su gobierno solo apuntaló tendencias en curso desde el inicio de la Gran Recesión internacional en Diciembre de 2007.
En una edición reciente la revista The Economist compila información sobre 12 indicadores de integración económica internacional, y concluye que 8 de ellos declinaron o se estancaron desde la Gran Recesión. Por ejemplo, la proporción de la economía mundial que representan las importaciones intermedias (es decir, las importaciones de insumos o bienes de capital que dan origen a cadenas de suministros internacionales), cae de 19% en 2008 a 17% en 2018. La inversión extranjera directa pasa de representar un 3.5% de la economía mundial en 2007 a representar solo el 1.3% en 2018. Y los indicadores de integración económica internacional que crecen desde 2008 (como la proporción de migrantes permanentes hacia los países desarrollados),
explican parte de la resistencia que esa integración genera hoy en día.
En segundo lugar, la tendencia a restringir la inversión extranjera (en particular aquella que procede de China), en compañías que producen “tecnología crítica” para la “seguridad nacional” tiene respaldo entre demócratas y republicanos en el Congreso de los Estados Unidos (que no en vano aprobó parte de la normativa en esa materia). Más aún, algunos países que integran la Unión Europea (UE) también restringen la inversión extranjera y la propia UE está considerando adoptar normas similares. Meses atrás, por ejemplo, mencioné en esta columna la decisión pionera del gobierno alemán de prohibir por razones de seguridad la adquisición de la empresa alemana Leifeld Metal por una empresa china.
En tercer lugar, las normas que le permiten al ejecutivo estadounidense adoptar medidas proteccionistas alegando razones de seguridad nacional fueron aprobadas en 1950 y 1962, respectivamente. La razón por la que tal vez no haya oído hablar antes de Trump del Acta de Expansión del Comercio de 1962, es que solo se iniciaron 26 investigaciones al amparo de esa norma y solo dos de ellas llevaron a la adopción de acciones comerciales. Más aún, la última investigación realizada al amparo de dicha norma tuvo lugar en 2001.
Pero el que esas normas no hayan sido invocadas desde entonces no implica que no estuvieran vigentes. Y, cuándo se revisan las causales por las que pueden ser invocadas, queda claro que ofrecen al ejecutivo de los Estados Unidos un amplio margen de discreción.
Ello es así por varias razones. La primera es que las normas no definen con precisión estándares de medición. Por ejemplo, una de ellas establece que se pueden adoptar medidas proteccionistas para evitar un “exceso de importaciones”, sin especificar umbral alguno que defina ese presunto “exceso”. La segunda razón es que la mayoría de las causales establecidas son de carácter económico, y no siempre se especifica por qué serían lesivas para la seguridad nacional. Por si hiciera falta, la última entre las causales que enumera el Acta de Producción para la Defensa de 1950 hace explícito el poder discrecional del ejecutivo para invocar la norma, cuando dice textualmente: “otros factores que el Presidente o el Comité puedan considerar apropiados”.
