Si bien la incertidumbre en torno a cómo serán los detalles de la reforma tributaria que presentará el gobierno al Congreso aún es grande, existen aspectos que están claros. Primero, es claro que los ingresos del gobierno no alcanzan para pagar los gastos. Y esto lo sabemos desde ya hace más de dos años.
A mediados de 2013, los precios del petróleo cayeron drásticamente por razones estructurales y esto implicó una caída en los ingresos del gobierno colombiano. Hoy el gobierno nacional está recibiendo casi 23 billones de pesos menos por año por el petróleo. Pero los gastos no solo se mantienen como hace dos años, sino que han venido creciendo. No obstante, el recaudo de impuestos creció a pesar de la desaceleración económica, el ritmo del crecimiento del gasto no para y el hueco fiscal empieza a preocupar. Más que la magnitud actual del déficit (diferencia entre los gastos y los ingresos), lo que preocupa es la tendencia creciente del déficit. Así, ya hace por lo menos año y medio era evidente que se necesitaría una reforma tributaria para mejorar los ingresos.
Otro hecho evidente es que la reforma tributaria de 2014 (Ley 1607 de 2014), que entró en vigencia en 2015, implicó una sobrecarga tributaria para el aparato productivo colombiano. Esta reforma terminó por constituir una carga de impuestos relativamente grande sobre las empresas colombianas. Quitándole competitividad al país al comparar los impuesto con otros países de la región. Así, es claro que la nueva reforma no puede tener como objetivo extraer más recursos del aparato productivo. Es más, es claro que se debería reducir los impuestos a las empresas para que estas puedan seguir produciendo nuevos empleos y retomen su competitividad a nivel internacional.
Finalmente, también es evidente que el estatuto tributario colombiano contiene impuestos que son antitécnicos. Es decir, que desde el punto de vista económico generan más perjuicios para la sociedad que los beneficios que se pueden derivar del uso de los impuestos recaudados. Esos impuesto que fueron creados como temporales son el impuesto sobre las transacciones financieras (hoy 4x1000) y el impuesto al patrimonio (hoy llamado impuesto a la riqueza). El 4x1000 genera una barrera a la bancarización y un incentivo a emplear el efectivo. Contrario a todas las tendencias mundiales y a las necesidades de formalizar a la economía. Y el impuesto a la riqueza genera un desincentivo al ahorro de los hogares y a las inversiones productivas de las empresas. Pues se penaliza la acumulación de activos. Pero si bien son antitécnicos estos impuestos, ellos generan una cantidad alta de ingresos para el gobierno. Es decir, es evidente que estos impuestos deben quitarse, pero en época de estrechez de recursos la pregunta siempre es: ¿cómo se remplazarán esos ingresos?
Por lo tanto, era evidente desde hace rato que se requería una reforma tributaria estructural y que no solo fuese un parche que buscase generar más ingresos. Pues las últimas reformas tributarias lo que han hecho es tratar de tapar un hueco de ingresos haciendo remiendos y creando impuestos transitorios que terminan siendo permanentes.
Hoy tenemos claro que la reforma tributaria se debió presentar a más tardar a principios de este año. Todos los insumos estaban listos. La Comisión de Expertos para la reforma tributaria nombrada por el gobierno entregó su informe final a finales de 2015 y el panorama fiscal era clarísimo. Las mayoría políticas estaban en el Congreso. No obstante, por un cálculo político se decidió no presentar al Congreso el proyecto de reforma hasta que no pasará por las urnas el plebiscito. El cálculo político claramente salió mal.
El No al plebiscito generó otro tipo de ambiente político en el Congreso para la aprobación de la reforma tributaria prometida por el gobierno. Ese clima político adverso ha llevado al Ministerio de Hacienda a barajar de nuevo su reforma. Ya la reforma no será estructural; el capital político necesario para una reforma estructural no existe. De esta manera, la reforma tributaria que veremos la próxima semana no tendrá un carácter estructural, sino que responderá a la necesidad de generar ingresos. Y es claro que los ingresos nuevos saldrán de los hogares y que la carga impositiva a las empresas caerá un poco. El afán de conseguir los recursos necesarios para tapar el hueco a partir de las personas implicará decisiones muy impopulares políticamente, lo que augura dos meses de candentes debates en el Congreso. Lastimosamente, se está perdiendo otra oportunidad de una reforma tributaria estructural.
