En los años 70, un economista brasileño acuñó el término Belíndia para describir la desigualdad de su país: burbujas de riqueza que se asemejan a Bélgica rodeadas de miseria estilo la India. Imagen similar me evoca el sector público costarricense. Mientras hay instituciones que disfrutan de lujos suizos, otros ministerios importantes enfrentan penurias propias del África subsahariana.

Veamos la seguridad. Más allá de las ideologías, prácticamente todos estamos de acuerdo con que esta es una de las funciones primordiales del Estado. Sin embargo, en los últimos años ha sido uno de los rubros más sacrificados por la crisis fiscal: desde el 2014 el plan de gasto del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) ha caído en números absolutos en ¢7.223 millones. Sin tomar en cuenta el pago de intereses, el gobierno central dedica únicamente 3,65% de su presupuesto a la seguridad pública.

El ministro del ramo ha dicho que la plata apenas le alcanza para darles arroz y frijoles a los policías. Casi no hay dinero para uniformes y mucho menos para equipos. Para estos, dependemos de la caridad internacional: alguna lancha o avión viejo que nos regale EE.UU. o patrullas cortesía de China. Pero mientras el gobierno dice que necesita resucitar el impuesto a las sociedades para paliar estas carencias -en una de sus funciones más elementales-, otras instituciones estatales nadan en recursos.

Olvidémonos de los Lexus o Toyotas Camry híbridos que ostentan entes como el Micitt (Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones costarricense) y el IFAM (Instituto de Fomento y Asesoría Municipal). Veamos casos más estructurales: para el próximo año, el FEES (Fondo Especial para la Educación Especial) habrá crecido en un 32,9% desde el 2014, al punto que las universidades estatales recibirán más del doble de dinero que el MSP. Como sabemos, la mayor parte de esos recursos se va a pagar salarios millonarios.

El ICT (Instituto Costarricense de Turismo) -cuyo financiamiento proviene de impuestos con destino único- cuenta con reservas de ¢27.750 millones y está por gastar ¢17.000 millones en un centro de convenciones que, por algún motivo, ningún inversionista privado se atrevió a financiar. Según el mismo ministro de Turismo, el salario promedio en dicha institución ronda los ¢2,6 millones mensuales.

Estos ejemplos ilustran la existencia de una Suiza centroafricana en el sector público y exponen el desorden grotesco que hay en la asignación de prioridades en el gasto estatal. Corregir esto requiere de una profunda reforma del Estado, la cual debería ser una condición sine qua non a cualquier aumento de impuestos.

*Esta columna fue publicada con anterioridad en el centro de estudios públicos ElCato.org.