No era difícil preveer lo que está pasando en Chile. Yo mismo lo pronostiqué hace años e incluso lo argumenté desde estas mismas paginas con escaso éxito, alertando de que aquellos barros traerían estos lodos: un estallido social.

No se trata ahora de repetir diagnosticos, por otro lado, más que claros, sino de plantear soluciones con ambición y realismo, a la altura de la magnitud del problema.

No es fácil manejar el tránsito de un modelo neoliberal a ultranza, a un modelo de sociedad postcapitalista -no anticapitalista-, en el contexto de una crisis global y de la ciclogénesis autóctona originada por el encuentro de una incipiente clase media que ya no está dispuesta a tragar con todo, y una clase media tradicional venida a menos y que no acepta ya la flagrante inequidad en la que vive.

Es obvia la necesidad, al igual que en España, de una nueva Constitucion que entierre la que fue útil, como en el caso español, para salir de la dictadura, pero que no nos sirve en una democracia que debe responder a un nuevo modelo de sociedad. Debe liquidar en Chile las cautelas que trataban de mantener determinados privilegios del pasado y sentar las bases de un nuevo contrato social que dignifique los derechos cívicos, políticos y sociales en lo tocante a la salud, la educación, las pensiones, los derechos laborales y los asociados a una democracia avanzada, en el respeto a las minorías, otras maneras de sexualidad y la libertad de la mujer sobre su propio cuerpo.

Pero me genera dudas la metodología definida para ello. Probablemente no había otra salida, pero la consulta de abril se me antoja peligrosa, tanto por la oportunidad del no, como porque el resultado afirmativo de la misma pueda llevar a un ejercicio de democracia deliberativa demasiado pronta en una sociedad con escasa articulación de su entramado civil y, por lo tanto, sin orden y concierto.

Tal vez lo idóneo -seguramente difícil por el enorme descrédito de la clase política, del que no se escapan los líderes estudiantiles abducidos por el sistema- hubiese sido transitar de "la legalidad a la legalidad", de manera que los constituyentes seleccionados de los electos actuales fueran conscientes "avant match" de que se estaban haciendo el "harakiri", pues la nueva Constitución, construida con amplia participación, tras su aprobación debe comportar su desaparición del foro político, dando paso a savia nueva.

Dos años de duración de todo el proceso es demasiado tiempo para la emergencia social en la que está inmerso Chile. La nueva Constitución no lo va a resolver todo, y sin ella, se debe ir ya avanzando en lo que es obvio en la génesis del problema, la desigualdad social extrema en que el país ha vivido demasiado tiempo.

El "milagro chileno" de desarrollo económico innegable de estos últimos años, lo ha sido a costa de la inmensa mayoría de los chilenos que, con su esfuerzo, han financiado al sector financiero por la vía del modelo de pensiones; o que con sus gastos de bolsillo, obligados por las privatizaciones en salud o educación, han ahorrado gasto fiscal traducido en superávit presupuestario que no ha revertido a la ciudadanía ni en salarios ni en derechos sociales o laborales, cuando quienes debían haberlo soportarlo eran los que más tenían.

Hay que poner en marcha de inmediato reformas de calado, sentando las bases de una sociedad del bienestar como derecho de ciudadanía. Ni pensiones, ni salud, ni educación pueden ser objeto de meros cambios más cosméticos que reales, como se avizoran en las propuestas actuales del gobierno en materia de pensiones o de salud (aplausos en el tema de medicamentos), que lo único que harán será exacerbar más a los ciudadanos que no admiten otras tomaduras de pelo.

Chile es un gran país, al que quiero como al mío, pero ahora está en una encrucijada y no se puede equivocar en las soluciones. Necesita para sus soluciones estadistas de altura, gente que razone en términos de "policy" y no de "politics", que comprendan que un país no se gestiona, sino que se gobierna.

Hoy más que nunca, ¡Viva Chile, mierda!