De acuerdo con la OCDE, los trabajadores españoles entregan cada año al Estado una media del 39,5% de sus salarios en concepto de IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) y de cotizaciones a la Seguridad Social. Más en particular, el salario medio de los españoles a finales de 2016 ascendió a 34.700 euros anuales (antes de que el empresario abone sus cotizaciones sociales a cuenta del trabajador): de ellos, 4.016 euros deben ser pagados en concepto de IRPF, 1.696 euros en concepto de cotizaciones sociales del trabajador y 7.986 euros en concepto de cotizaciones sociales del empresario a cuenta del trabajador. En total, 13.700 euros por año a los que habría que añadir todos los impuestos indirectos.

Si comparamos a España con el resto del continente europeo, descubriremos que nuestro país podría salir aun peor parado: en efecto, Suecia, Finlandia, Francia, Alemania o Bélgica son Estados que gravan con mayor saña los sueldos de sus ciudadanos. Sin embargo, que existan otros países más fiscalmente agresivos que el nuestro no debería servir como justificación de nuestros desmanes tributarios internos.

De hecho, también existen otros países occidentales donde la carga fiscal que soportan directamente los asalariados es muy inferior a la española. El caso más sonado es, desde luego, es el de Chile, donde los sueldos apenas abonan unos gravámenes del 7%. Pero no hace falta que mencionemos el envidiable ejemplo chileno para sonrojar al sistema impositivo español: dentro de Europa, podemos referirnos el exitoso caso suizo, territorio en el que las rentas salariales apenas sufren una cuña fiscal del 21,8%.

Expresado en otras palabras: si los trabajadores españoles se sometieran al sistema tributario suizo, tan sólo deberían pagar una media de 3.500 euros en concepto de IRPF, 2.000 en concepto de cotización del trabajador a la Seguridad Social y otros 2.000 en concepto de cotización empresarial a cuenta del trabajador a la Seguridad Social. En total, 7.500 euros anuales frente a los 13.700 que está abonando en la actualidad.

El caso suizo sirve nuevamente para demostrar que otro modelo de fiscalidad es posible: uno donde los ciudadanos no sean desangrados por Hacienda y donde posean el derecho de gestionar autónomamente una porción mucho más amplia de sus vidas. En Suiza, con una cuña impositiva sobre los salarios muy inferior a la española, se disfrutan de unos estándares de vida muy superiores (a la postre, el salario medio antes de impuestos en la Confederación Helvética es 2,6 veces mayor al de España). Acaso se replique que Suiza puede permitirse esos bajos impuestos debido a que su renta per cápita ya es muy elevada de partida; pero es más bien al revés: Suiza goza de una elevada renta per cápita de partida porque durante muchas décadas ha mantenido una baja presión fiscal dentro de un marco institucional protector de la propiedad privada y de los contratos.

No en vano, si el ejemplo suizo no nos convence, podemos citar otro mucho más cercano al español: Nueva Zelanda. La renta per cápita de este país es prácticamente idéntica a la española y, sin embargo, la fiscalidad que soportan directamente los salarios ni siquiera llega al 18%: esto es, menos de 6.300 euros anuales trasladados al contexto español. Si Suiza y Nueva Zelanda pueden, también nosotros podemos: sólo hemos de estar dispuestos a transformar radicalmente nuestro modelo de Estado para otorgar mayor libertad a los ciudadanos.

*Esta columna fue publicada con anterioridad en el centro de estudios públicos ElCato.org.