Creo que, pese a su título, esta columna es pertinente como testimonio del deplorable nivel del debate local en torno a temas internacionales.

Por ejemplo, cuando se acusa a la OEA de tener un sesgo de izquierda por aceptar la aplicación al Perú de la Carta Democrática Interamericana. La decisión la adoptó por aclamación el Consejo Permanente de la OEA, formado por representantes de los 34 países que la integran. Es decir, se manifestó en favor de su adopción incluso el gobierno de Jair Bolsonaro al que nadie (bueno, al menos nadie en su sano juicio), podría considerar de izquierda.

Lo mismo ocurre cuando se considera que la propia Misión de Alto Nivel enviada por el Consejo Permanente de la OEA tenía un sesgo de izquierda: cuatro de sus siete integrantes provenían de gobiernos conservadores (los de Costa Rica, Ecuador, Guatemala y Paraguay). Es decir, para que ese alegato fuese cierto, habría que suponer que el Ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador (país presidido por un banquero conservador integrante del Opus Dei), conspiró en favor de Castillo (dado que las decisiones de la Misión se adoptan por consenso).              

A su vez, medios como Gestión o RPP publicaron informes sobre el primer reporte de la Misión de la OEA al que, en sus titulares, llamaban “Informe Final”: si busca el documento en internet, verá que las dos primeras palabras del título mismo son “Informe Preliminar”.

De hecho, el informe es tan preliminar (presumo que se publicó bajo la premura de una crisis en rápido deterioro), que contiene faltas de ortografía.

Por lo demás, tampoco se entendía cuan acotado era el propósito de la Misión: una hoja informativa de la propia OEA, decía que dicha Misión no iba a tomar “ninguna” decisión, y que su función era “informarse sobre la situación en Perú escuchando a los peruanos y peruanas”, para luego preparar un informe para el Consejo Permanente.

Por eso el informe preliminar contiene una sección en la que se concentran la virtual totalidad de las críticas en su contra: la sección sexta, titulada “Hallazgos del Grupo de Alto Nivel de la OEA”.

Si se toma la molestia de leerla, lo primero que dice esa sección es que la misma contiene un listado de la información brindada por las “instancias gubernamentales, públicas, privadas y de la sociedad civil” con las que se reunió la Misión durante su estancia en el Perú. Más aún, dice explícitamente que “Las citas se realizan sin referencias personales de autoría”.

Es decir, lo que encontramos en esa sección no contiene las opiniones de la Misión, sino las opiniones (en ocasiones disparatadas) de los compatriotas que se reunieron con ella.

Un ejemplo que revela que quienes critican el informe no lo habrían leído es el de las declaraciones de Eduardo Herrera, director ejecutivo del Consejo Privado Anticorrupción, a RPP.

Según él, “el informe de la OEA dice que estamos en guerra civil”. Si revisa el informe, lo que dice al respecto es lo siguiente: “En palabras de un actor entrevistado, existe en la actualidad una ‘guerra civil entre las instituciones públicas’”.

Quedan pues claras dos cosas: se trata de la cita de un tercero, no de una opinión de la Misión, y se trata además de una metáfora, no de una afirmación literal. Si acaso, la Misión podría ser criticada por no tomar posición alguna sobre la crisis política en el Perú. Por ejemplo, cuando, sobre el tema en mención, sostiene que “Entre los poderes del estado existen acusaciones y señalamientos de que el riesgo de gobernabilidad reside en el otro poder, y no en ellos mismos”.

Pero eso es todo lo contrario a mostrar un sesgo. Si lee el informe, verá que el problema con él no es su presunto sesgo, sino su absoluta banalidad.