Decíamos en un artículo anterior que la competencia por prevalecer en la adquisición y comercialización de tecnologías de punta podría ser una de las áreas menos susceptibles a una solución negociada en los conflictos económicos entre China y Estados Unidos. Dentro de ellos, ocupan un papel fundamental los conflictos en torno a la quinta generación de las tecnologías en telecomunicaciones (conocidas como 5G, que ofrecen multiplicar por 10 la velocidad de transmisión de información que permitía la tecnología 4G).
Tenemos ya algunos casos que nos indican las particularidades que tendría ese conflicto en América Latina. El caso reciente de mayor interés (por la dimensión de su mercado) es el de las licitaciones del tendido de la red 5G en Brasil. Esas licitaciones tuvieron que posponerse por las diferencias entre los gobiernos de Brasil y los Estados Unidos en torno al papel que podía desempeñar en ellas la empresa china Huawei. Estados Unidos alega que las empresas tecnológicas chinas están obligadas por ley a compartir información con los servicios de inteligencia de su país, por lo que su participación implicaría riesgos de seguridad (en el caso de Alemania, por ejemplo, Estados Unidos amenazó con dejar de compartir información de inteligencia con ese país si permitía a Huawei participar del tendido de su red 5G).
Aunque esas preocupaciones en materia de seguridad tienen fundamento, el temor que existía era que se convirtieran en un pretexto para desplegar políticas proteccionistas (Donald Trump planteó explícitamente esa posibilidad cuando dijo que “no podemos permitir que ningún país supere a los Estados Unidos en esta poderosa industria del futuro”). Como alegó en su momento el gobierno del Reino Unido, para conjurar las preocupaciones legítimas de seguridad respecto a Huawei bastaba con excluirla de ciertas áreas sensibles de su red 5G, no de todo el proceso.
Las licitaciones en Brasil sugieren que, a diferencia del gobierno de Trump, el gobierno de Biden está dispuesto a aceptar argumentos como ese. En las licitaciones que se llevaron a cabo en Brasil, por ejemplo, excluir por completo a Huawei hubiera tenido un costo prohibitivo, dado que Huawei proveía a las empresas que participaban de las licitaciones más de la mitad de sus redes inalámbricas. La fórmula de transacción fue que las agencias del gobierno federal brasileño tuvieran su propia red de la cual quedaría excluida Huawei. No se trató formalmente de una exclusión con nombre propio, dado que se basó en condiciones en materia de gobierno corporativo que debían cumplir empresas que cotizan en bolsa si deseaban participar en las licitaciones (condiciones que no reuniría Huawei).
Aunque tal vez sea temprano para cantar victoria, hasta ahora la fórmula de transacción ofrecida por el gobierno brasileño no parece haber recibido mayores objeciones de los gobiernos de China o los Estados Unidos. No es claro que vaya a ocurrir lo mismo en el caso ecuatoriano, dado que, según reporte del diario Financial Times, la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (entidad oficial del gobierno estadounidense), acordó con el gobierno del Ecuador ayudarle a pagar su deuda con China a cambio de excluir a empresas de ese país de sus redes en telecomunicaciones.
El carácter político de ese acuerdo era tan obvio, que el director ejecutivo de la Corporación en mención, Adam Boehler, lo llamó un “modelo novedoso” para excluir a China de países como el Ecuador. Es difícil creer que el gobierno chino aceptará transacciones de esa índole del mismo modo en que lo hizo con las licitaciones realizadas en el Brasil (en donde Huawei sólo fue excluida de una parte relativamente menor del negocio).
