El mundo está movido, el comercio internacional al borde del infarto. Los gobiernos buscando responder y, de fondo, diferentes enfoques sobre la agenda de sostenibilidad.

Comencemos por el más avanzado posicionamiento de la Unión Europea, que ha venido desarrollando diferentes normativas en el marco del Pacto Verde, en materia especialmente de debida diligencia y transparencia corporativa, con implicaciones más allá sus fronteras, también sobre las empresas de base en Estados Unidos. Sólo la aplicación de la Directiva Europea sobre información corporativa en sostenibilidad (CSRD), arrojaba un alcance inicial de más de 10.300 compañías en el exterior, más de 3.200 en Estados Unidos, siendo el principal país afectado. La presión en el continente de diferentes grupos lobistas de índole empresarial, y de los grupos políticos del centro derecha y derecha, han empujado la revisión de las tres principales normativas (CSRD, CS3D y los actos delegados de la taxonomía), con el objetivo de simplificarlos para una mejor aplicación conjunta y reducir la carga para las pymes. Se trata del primer paquete normativo Omnibus, aprobado en primera instancia por la Comisión el pasado 26 de febrero.

El momento hace pensar en una tormenta perfecta, sumando estas acciones a las decisiones de la nueva administración Trump en Estados Unidos. Cabe aclarar que se trata de situaciones muy diferentes, con una UE hiperregulada cuestionándose su competitividad en un entorno económico y comercial a nivel global cada vez más complejo, y una administración en Norteamérica que pone el parche antes de la herida, es decir, previo a un escenario regulatorio complejo, politizando los temas ambientales y sociales, como los riesgos climáticos y la DEI, más interiorizados en el ideario de valores europeos. Pero esta controversia con la regulación UE no es nueva, ya en la administración Biden no se veía con buenos ojos la CS3D, ahora también en la mira del nuevo secretario de comercio. Bajo esta directiva, se solicita a las empresas el análisis y acción sobre los riesgos en derechos humanos y ambientales que se dan en sus cadenas de suministro, incluyendo aquellas empresas no europeas que hacen negocios en la UE. Días antes de su designación como secretario de comercio, Howard Lutnick ya señalaba en el Senado que la CS3D supone una grave preocupación para la industria y economía estadounidenses, que supone cargas significativas para las empresas y que está considerando la utilización de “todas las herramientas comerciales disponibles” para contrarrestarla.

En esta coyuntura, las empresas de América Latina se encuentran ante requerimientos y posturas diferenciadas según exporten y/o hagan negocios en Estados Unidos y/o la UE, a pesar de las decisiones en esta última para “aflojar” el marco normativo. Las compañías tienen que mirar primero la brecha normativa en sus propios países, que se está resolviendo especialmente en cuanto a las exigencias de información y, por tanto, de gestión, de los riesgos y oportunidades financieras relacionadas, para dar confianza al mercado financiero; la hoja de ruta para la adopción de las NIIF de sostenibilidad de la IFRS Foundation en Brasil, Chile, Costa Rica, México y Bolivia, es el mejor ejemplo de ello, además de las crecientes exigencias de los reguladores sobre la banca particularmente en relación a la incidencia del cambio climático en sus carteras.

La guerra comercial inicialmente entre Estados Unidos y China, incluso durante la primera administración Trump, ya tuvo incidencia sobre la adopción de tecnología verde, y las nuevas medidas de este segundo mandato, apuntan a una incidencia en el mismo sentido, tanto por los aranceles generales a China, como los establecidos específicamente para el acero y el aluminio.

Y cómo incide la guerra comercial en sostenibilidad, más allá de la evolución de normativas…

Los aranceles sobre las importaciones chinas, incluidos los paneles solares y las turbinas eólicas, han incrementado los costos de las tecnologías para el uso de energía renovable y reducido su competitividad frente al uso de combustibles fósiles. Esto ya sucedió en 2018, con aranceles del 30% para los paneles solares importados, lo que provocó la cancelación de proyectos equivalentes a 10.5 gigavatios de capacidad solar en USA y la pérdida de aproximadamente 62,000 empleos en la industria entre 2018 y 2021, en países como China y México. En cuanto a las medidas arancelarias sobre el acero y el aluminio, no sólo elevan los costos de producción para un amplio conjunto de sectores, 9% en promedio en la anterior administración Trump, sino que tiene además una especial incidencia en los costos para las empresas que fabrican vehículos eléctricos y, por tanto, también en los consumidores.

De manera general, la imposición de aranceles eleva los costos de producción nacionales, lo que puede poner en riesgo la atención de las empresas a la agenda de sostenibilidad. La priorización de medidas de ahorro de corto plazo puede ir en contra de las tecnologías más favorables al clima, más dependientes de cadenas de suministro globales.

La evolución de la situación puede llevar por un lado a un incremento de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a nivel global por la necesidad de rutas de transporte más largas y la relocalización nacional de procesos con tecnologías menos innovadoras. Por otra parte, puede reducir las emisiones de transporte de procesos, esto último siempre que sea posible el uso de energía renovable por las empresas en su producción local. No existe por tanto un efecto único, son incluso contrapuestos, y el balance irá dependiendo de cómo evoluciones las decisiones de gobiernos y empresas.

Lo que sin duda se viene un es una recesión, con un empeoramiento de las perspectivas económicas, manifestado incluso por los principales CEOs de compañías norteamericanas, agrupados en la Business Rountable, así como arrojan diferentes estudios realizados en las ultimas semanas, incluso con porcentajes del 85% de rechazo al enfoque de Trump en comercio.

La clave está en el horizonte temporal, en no dejarnos cegar por el ruido actual y una visión cortoplacista, manteniendo un enfoque de medio y largo plazo, que conecta con los riesgos asociados al cambio climático, las desigualdades sociales y otros aspectos.