Vivimos en todo el mundo una ofensiva regulatoria hacia las big tech, compañías del ámbito tecnológico con fuertes capitalizaciones bursátiles y un gran efecto sobre los usos y costumbres de la sociedad.
Facebook, Google, Amazon, Apple o Microsoft en Estados Unidos; o Baidu, Alibaba, Tencent, ByteDance o Didi en China están, tras años de bonanza y regulación propicia, en el punto de mira de sus respectivos gobiernos o de los de otros territorios.
En pocas semanas, el gobierno chino ha anunciado sanciones y restricciones que han barrido billones de dólares en capitalización bursátil. Sanciones por infracciones a la privacidad de sus usuarios, exclusión de apps de las plataformas de descarga, salidas a bolsa pospuestas, amenazas de escisión… alguna, incluso se ha planteado retrotraer su reciente salto al parquet norteamericano, con las pérdidas económicas que supone. Las medidas de Beijing han enfriado enormemente el interés inversor en compañías chinas, que son vistas ahora desde el exterior como sometidas a una autoridad caprichosa e impredecible.
En Estados Unidos, la administración Biden ha situado en puestos críticos como la Comisión de Telecomunicaciones, la del Comercio o en el gabinete presidencial como asesores a reconocidos críticos de la política de lassez faire de las anteriores administraciones frente a las grandes tecnológicas: los nombramientos de académicos como Tim Wu, Lina Khan o el peruano Alvaro Bedoya presagian importantes cambios en una política que, desde tiempos de Ronald Reagan, había convertido la legislación antimonopolio en un “vale todo”. Ahora, los gigantes de la tecnología se encontrarán un escenario en el que sus movimientos, sus adquisiciones o sus decisiones serán sometidas a un escrutinio mayor, además de enfrentarse a litigios federales o estatales.
Desde la Unión Europea, que inició hace años esta tendencia y que era acusada de proteccionismo frente a unas tecnológicas que nunca venían de dentro de sus fronteras, los movimientos continúan, con multas récord y medidas restrictivas contra comportamientos monopolísticos o abusivos.
Durante las últimas dos décadas, las grandes tecnológicas encontraron un escenario enormemente propicio: una legislación fiscal obsoleta, con ausencia de medidas universales, y países dispuestos a sacrificar ingresos a corto plazo para atraerlas a su territorio, les permitieron hackear la fiscalidad mundial y pagar tasas impositivas del 2% o 3% sin cometer delito alguno. Esta posibilidad, que también aprovecharon multinacionales en otros ámbitos no tecnológicos, les permitió competir ventajosamente frente a pequeñas compañías incapaces de acceder a esos esquemas, generando un entorno en el que la innovación se vio cada vez más restringida: llegó un momento en que la posibilidad más habitual -y posiblemente más aconsejable- para una compañía que destacase en términos de innovación era dejarse adquirir por una big tech. Las que se negaban, se veían abocadas a ser copiadas hasta la extenuación por compañías con recursos ilimitados que les arrebataban el mercado, o a que sus patentes fuesen sistemáticamente infringidas por gigantes a los que una multa no les generaba disuasión alguna.
En otros casos, los gobiernos se encontraron con amenazas peores, ya no sobre la competencia, sino sobre la convivencia o la mismísima democracia: la capacidad de algunas compañías de generar corrientes de opinión se convirtió en manipulación de procesos electorales por parte de actores turbios, en generación de malestar y alarma social, o en circulación constante de bulos y noticias falsas.
Ahora, todo indica que aunque hayan llegado a esa conclusión por caminos alternativos y a distintas velocidades, las administraciones de entornos tan diferentes como Estados Unidos, China y la Unión Europea están finalmente de acuerdo: es fundamental regular a los gigantes tecnológicos. Algunos de ellos, además, tienen efectos importantísimos sobre la economía: Amazon, por ejemplo, es el segundo mayor empleador de los Estados Unidos tras Walmart, lo que implica que decisiones como la muy reciente de elevar los salarios de entrada de su millón de trabajadores a los dieciocho dólares la hora se conviertan casi en cuestiones de estado, con efectos sobre el movimiento de trabajadores, la inflación o la economía en su conjunto. El éxito de Amazon ha provocado, entre otras cosas, que las calles de muchas ciudades norteamericanas se llenen de carteles de “se alquila”, o que los míticos centros comerciales cierren o pierdan muchas de sus tiendas más icónicas.
Facebook afecta a lo que muchos leen y piensan, generando auténticas burbujas de parcialidad. Amazon afecta a cómo adquirimos cada vez más productos. Apple, lo que podemos descargar o no en sus terminales, o si tenemos más o menos privacidad. Google influye sobre la información a la que accedemos… pero la cosa no se queda ahí: hablamos de compañías que abarcan áreas antes reservadas a los gobiernos, desde la salud hasta la exploración espacial. Compañías con inversiones en lobbying político que superan al resto del mercado. Y además, en manos de muy pocas personas.
¿Hacia dónde apunta el futuro? Básicamente, a que las leyes no pueden afectar igual a todas las empresas, independientemente de su tamaño o influencia. Las compañías que afectan a las vidas de millones de usuarios tienen que estar necesariamente más sometidas al escrutinio del regulador que aquellas que están iniciando su actividad, creciendo o buscando su sitio en el mercado. El crecimiento tiene que tener una contrapartida en incremento de presión regulatoria, porque los efectos potenciales que pueden generar esas compañías enormes pueden llegar a ser más importantes que la promulgación de una ley.
En realidad, nada que la ciencia-ficción no hubiese visualizado hace años: ¿recuerdan los distópicos escenarios de Philip K. Dick, llevados al cine por Ridley Scott en “Blade Runner”? ¿Un mundo dominado por macro-compañías tecnológicas? Considerando el peso que algunas compañías tecnológicas han tenido en algunas elecciones, todo indica que ya hemos pasado por ahí.
Cuando una tendencia surge en entornos tan distintos como Estados Unidos, China o la Unión Europea, es que han visto un fenómeno de concentración de poder e influencia sobre la sociedad al que hay que poner coto. En efecto, la relación entre las big tech y los gobiernos va a tornarse más compleja.
