La principal crítica al discurso de asunción de mando del entonces canciller Héctor Béjar, fue la ausencia de cualquier mención al Grupo de Lima. Pero la mención a ese grupo en el discurso de asunción de mando del nuevo canciller, Óscar Maúrtua, no fue diferente a las opiniones vertidas por el propio Béjar tras su discurso inicial. Respecto a una serie de organismos internacionales (incluido el Grupo de Lima), Maúrtua señaló que “exhortaremos e iniciaremos consultas […] a fin de evaluar su situación actual, sus posibilidades, sus expectativas y sus rumbos, que debieran seguir en el futuro”. La paradoja es que ese cuestionamiento implícito a la vigencia y utilidad del Grupo de Lima pasó desapercibido. A fin de cuentas, las críticas de la oposición tenían como blanco principal al propio Béjar antes que a su posición respecto al Grupo de Lima.
En términos prácticos, el Grupo de Lima no ha hecho ninguna diferencia en lo que acontece en Venezuela. Para probarlo, contrastemos los objetivos trazados en la Declaración de Lima (que dio origen a ese grupo), con lo ocurrido desde entonces. Los gobiernos signatarios mencionan su “decisión de continuar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Venezuela”. Expresan su “seria preocupación por la crisis humanitaria que enfrenta el país”. Reafirman su “compromiso de mantener un seguimiento a la situación de Venezuela, […], hasta el pleno restablecimiento de la democracia en ese país”. Por último, manifiestan “su disposición a apoyar […], todo esfuerzo de negociación creíble y de buena fe, que tenga el consenso de las partes y que esté orientado a alcanzar pacíficamente el restablecimiento de la democracia en el país”.
¿En qué medida el Grupo de Lima ha conseguido esos objetivos? En cuanto al primero de ellos, jamás se consiguió la mayoría calificada necesaria para aplicar a Venezuela la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA). Por lo demás, la principal sanción contemplada en la Carta Democrática (es decir, la exclusión del gobierno infractor de las instancias que conforman la OEA), resulta irrelevante para el gobierno de Maduro, dado que consumó su retiró de la OEA en 2019.
De otro lado, la propia ex canciller y defensora del Grupo de Lima, Cayetana Aljovín, escribió en este diario lo siguiente sobre el envío de ayuda humanitaria: “Lamentablemente ello no ha sido posible por la falta de voluntad del régimen”. Aunque el régimen venezolano es, en efecto, el responsable último de que esa ayuda no llegara, recordemos también que la politización deliberada de esos envíos llevó a que la Cruz Roja Internacional decidiera no participar del proceso. Y, como demostró una investigación del diario The New York Times, fue un manifestante opositor quien accidentalmente prendió fuego a uno de los camiones de ayuda.
Sobre el restablecimiento de la democracia, Aljovín escribe que “Lamentablemente, las negociaciones se frustraron y Venezuela no tuvo la oportunidad de restaurar su democracia”. Aunque, en lo personal, comparto la premisa de que el gobierno de Maduro es el principal (aunque no el único) responsable del fracaso de aquellas negociaciones, el punto es que, nuevamente, se trata de otro de los objetivos que se trazó el Grupo de Lima que no ha podido cumplir.
En cuanto al objetivo de apoyar todo esfuerzo de negociación, no discutiré aquí las razones, pero el hecho concreto es que el Grupo de Lima no tuvo participación en las negociaciones entre el gobierno de Maduro y la oposición venezolana realizadas en República Dominicana, Barbados, y México (estas últimas, con una mayor probabilidad de éxito).
Tal vez todo ello explique la ambigüedad del gobierno de Castillo frente al tema: mientras formalizar el retiro del Grupo de Lima implicaría un conflicto con la oposición, no hacerlo carece de costos dado que, para efectos prácticos, el Grupo de Lima apenas si existe.
