La actual crisis generada por la pandemia del COVID-19 ha puesto sobre la mesa un problema que por décadas las autoridades prefirieron mantener debajo de la alfombra; el Perú tiene una de las economías más informales de la región. Por alguna extraña razón siempre se consideró que la estructura económica y social del país podía mantenerse sobre un 30% de  economía informal y un 70% de empleo informal. Ninguna entidad del gobierno consideró relevante asumir la responsabilidad de velar por el amplio segmento de personas “vulnerables” en lo económico y sólo se concentraron en reducir la pobreza.

El Perú se caracteriza por la persistencia de problemas complejos pero que por diversas razones hemos asumido no generan perjuicios. El empleo informal se ha vuelto sinónimo de empleo ilegal simplemente por no estar de acuerdo con lo que la legislación vigente indica. Pero aquí la pregunta que deben hacerse las autoridades, ¿es la realidad la que se acomoda a la legislación o la legislación la que tiene que comprender la realidad y adecuarse a la misma para lograr resultados de mejora de bienestar? ¿No será tal vez qué las reglas institucionales empujan a la informalidad?

El economista peruano Norman Loayza, del Banco Mundial, nos recuerda que la informalidad es causa y consecuencia de un mercado laboral rígido, baja productividad del empleo, de restricciones y regulaciones irracionales y de un sistema tributario mal diseñado. Si este es el marco conceptual correcto para comprender la informalidad, entonces para empezar no debemos satanizar a la informalidad sino más bien comprender su debilidad y buscar resolverla. Esto implica un radical cambio de paradigma de satanizarla y combatirla como la lepra, a valorar el impulso emprendedor y dar el todo por el todo por la productividad, la competitividad y la racionalidad regulatoria y tributaria del país. Nunca se ha observado liderazgo en resolver el problema de la informalidad y su fenómeno espejo la vulnerabilidad y precariedad de nuestra necesaria clase media.

Sin embargo, satanizar la informalidad es más conveniente para la autoridad porque se quita un peso de encima y le traslada toda la responsabilidad al agente económico. Esa es la razón por la cual seguimos siendo “informales”. Si nosotros pensamos que formalizar es simplemente darle un número de registro a las gentes económicos estamos otra vez simplificando el problema tremendamente. Un verdadero compromiso con la formalidad implica preocuparse por mejorar la productividad, invertir en el capital humano y realizar reformas coherentes en los sistemas tributario y laboral.

Mientras no asumamos esta realidad, el Estado sólo se preocupará por combatir y ampliar los registros y terminaremos cumpliendo con las formas, pero no resolviendo el fondo. Lamentablemente nos hemos acostumbrado a dar soluciones reactivas a síntomas superficiales.

Debemos dejar de hablar de “formalizar” para hablar de mejorar la competitividad y la productividad, promover el emprendimiento y fomentar el crecimiento empresarial. Debiéramos dejar de hablar de informalidad para hablar de trabajo autónomo y emprendimiento. Cuando empecemos a cambiar nuestro paradigma mental, estaremos dando un paso para resolver los problemas que nos mantienen alejados del desarrollo y a millones de personas en la vulnerabilidad y trabajo precario.

Una propuesta. Un enfoque nuevo para promover la formalidad nos obliga a diseñar pactos o acuerdos por la productividad entre empresa, Estado y organizaciones de la sociedad civil. La suscripción de este pacto compromete a la empresa al desarrollo de un emprendimiento con la contratación de personal brindándoles los beneficios acordados y a su vez las autoridades se comprometen a darle asistencia y acompañamiento en aquello que requiere para darle sostenibilidad a su emprendimiento, capacitación, acceso a nuevos procesos y tecnología. Podría pensarse en la aplicación del enfoque de Bono de impacto social para este tipo de acuerdos.

Una última reflexión. ¿No será que la vulnerabilidad e informalidad que apreciamos hoy, son el resultado de la insuficiente inversión en nuestro capital humano durante su niñez temprana y juventud? La informalidad, que es el talón de Aquiles del combate contra el COVID-19, es el resultado de un Estado que nunca estuvo presente para mejorar el bienestar de los peruanos. Ahora más que nunca lo necesitamos capaz de enfrentar uno de los más grandes retos de nuestra República.