Decir que Bolivia debe tener acceso al mar (como hizo el presidente Castillo en su entrevista con CNN), no debería ser controversial. Perú ya le concedió a Bolivia ese acceso, cuando el presidente Fujimori suscribió con su par boliviano en 1992 el acuerdo conocido como “Bolivia Mar”. La declaración hubiera sido controversial si hubiese dicho que Bolivia debería tener un acceso al mar con soberanía por nuestro territorio. Porque si se tratase de un acceso soberano al mar, la posición histórica del Estado peruano es clara. De un lado, Perú ve con simpatía la reivindicación marítima boliviana, pero una salida con soberanía al océano Pacífico debería darse por territorio que hoy pertenece al Estado chileno (que fue, a fin de cuentas, quien privó a Bolivia de su acceso al mar). De otro, si Chile propusiera ofrecer a Bolivia una salida soberana por territorio que fue peruano hasta la Guerra del Pacífico,  Perú no sería un obstáculo (dado que, según el Protocolo Complementario al Tratado de Lima, la cesión de ese territorio requeriría un acuerdo previo entre Chile y Perú).

Castillo, sin embargo, planteó en un momento de la entrevista la posibilidad de que el tema sea objeto de una consulta popular. Nunca especificó qué era lo que sometería a consulta y, para suerte suya, ni él ni su interlocutor mencionaron en ningún momento la palabra “soberanía”. Esa consulta, por otro lado, no consta ni en el Ideario y Programa de Perú Libre (partido por el que postuló a la presidencia), ni en el Plan de Gobierno Perú al Bicentenario sin Corrupción (que reemplazó al Ideario y Programa en la campaña de segunda vuelta). Es decir, Castillo sacó del sombrero una propuesta que nadie había planteado jamás, y que lo puso en aprietos de manera absolutamente innecesaria.

Llama la atención, de otro lado, que Castillo no haya sido capaz de criticar al régimen de Daniel Ortega, cuando su propio canciller emitió en su momento un comunicado en el que afirma que las elecciones realizadas en Nicaragua el 7 de noviembre de 2021 “no cumplen los criterios mínimos de elecciones libres, justas y transparentes que establece la Carta Democrática Interamericana”, y que “merecen el rechazo de la comunidad internacional". Ya era problemático que Castillo no conociera ese comunicado, pero lo es aún más que ni siquiera recordara un tuit emitido desde su cuenta personal respecto a Cuba. Aunque no calificaba la naturaleza del régimen cubano, cuando menos decía que “El pueblo de Cuba alza la voz, legítimamente, por las duras condiciones de vida que afronta hace más de 50 años”.

Cuando se le preguntó si reconocía como presidente de Venezuela a Maduro o a Guaidó, no parecía recordar que el propio Grupo de Lima (al cual reivindican liberales y conservadores en el Perú), dejó de referirse a Guaidó como presidente de Venezuela desde el 5 de enero de 2021, en el último comunicado que emitió: en él sólo se refiere a Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional (entonces la Unión Europea también dejó de referirse a él como “presidente”).

Ese comunicado del Grupo de Lima señala además “la importancia de buscar convergencias con otros actores internacionales para canalizar una respuesta común que contribuya con el logro de estos objetivos”. Esa respuesta común fue propiciar las negociaciones que se iniciaron en 2021 entre el gobierno y la oposición de Venezuela en Ciudad de México. Castillo podría haber alegado, por ejemplo, que la prioridad del momento era retomar esas negociaciones y no lanzar calificativos que harían que el Perú deje de ser un interlocutor para el gobierno de Maduro sin lograr nada positivo a cambio, pero tampoco lo hizo.

En resumen, pese a saber que esos temas podían surgir durante la entrevista y teniendo a su disposición argumentos para abordarlos, Castillo parecía ignorar toda la información relevante.