El pasado 15 de mayo, el Congreso aprobó el Proyecto de Ley que Sistematiza los Delitos Económicos y Atentados contra el Medio Ambiente, un aspecto que cobra progresivo interés en el marco del cambio climático y los diversos proyectos que son cuestionados en su aspecto de cuidado y respeto del medioambiente. Junto a lo anterior, la seguidilla de eventos de fraude o corrupción que se han develado en Chile en los últimos años, nos hacen pensar que ya es el momento de actuar frente a estos flagelos. 

Mientras los legislativos verifican el cumplimiento de las regulaciones ambientales y otros velan por el desarrollo económico e innovador de diversas regiones y sectores de la industria; quienes trabajamos en las tecnologías, nos estamos ocupando de poner a disposición de la sociedad soluciones  que nos ayuden a combatir la corrupción, a través de la detección de alertas asociadas a lavado de activos, fraude, abuso de mercado y corrupción. 

Cabe mencionar que en noviembre de 2021, de un total de 1.119 causas por fraude al Fisco, 260 presentaban denuncias en un universo de 345 municipalidades del país. Entre los delitos investigados se pueden encontrar: fraude al fisco, malversación de caudales públicos, cohecho, negociación incompatible y tráfico de influencias. Indicadores que no son para sentir orgullo, pero reales y ciertos. La evidencia en el tiempo nos indica que en cuanto se promulga una ley, aparecen interesados en infringirla a cualquier costo, incluso económico, reputacional o penal.

El Proyecto de Ley que Sistematiza los Delitos Económicos y Atentados contra el Medio Ambiente, innova en una serie de materias, entre las que destaca la sistematización de los delitos vinculados a la actividad empresarial bajo cuatro grandes categorías que corresponden a los denominados “Delitos Económicos”: la creación de nuevos delitos como son los denominados “Atentados contra el medio ambiente”, que crea la figura de la explotación laboral de los trabajadores; la inclusión de nuevos delitos asociados al lavado de activos y financiamiento al terrorismo; el establecimiento de nuevas penas y sanciones, así como el fortalecimiento de las ya existentes, buscando que las penas privativas de libertad se cumplan efectivamente; y el aumento exponencial de delitos base por los cuales las personas jurídicas pueden ser penalmente responsables.

El Proyecto agrega una serie de nuevos requisitos tales como la existencia de canales seguros de denuncia, la capacitación de los colaboradores; y la realización de evaluaciones periódicas por terceros independientes. Si bien estos temas llevan varios años presentes en leyes relacionadas y normativas de los reguladores de distintas industrias, es el momento de que los tomadores de decisión en la organizaciones (Accionistas, Directores y Alta Administración) implementen soluciones robustas y no solo el “desde” para cumplir con lo que se les exige.

A mi parecer, el gran desafío de este proyecto, que esperamos se convierta en ley, es cómo las organizaciones y los responsables dentro de ellas (Directores y Alta Administración) se van a hacer cargo de su implementación. Si bien la existencia de políticas y procedimientos, marcos de gestión de riesgos y control interno, capacitaciones e inducciones permanentes a los colaboradores son fundamentales y necesarias, no alcanzan para cubrir las variables internas y externas a las cuales están expuestas las empresas hoy en día.

Es en este punto donde la tecnología debe ser capaz de apoyar y necesariamente “anticiparse” a las situaciones anómalas que pueden llevar a las distintas organizaciones e industrias a verse envueltas en algunas de las tipologías que son consideradas de hoy en adelante “delitos económicos”.